“El colapso precisa cambios radicales, no bastan nuevos órganos judiciales'

Preguta: La imagen de la Justicia está cada vez más deteriorada entre la ciudadanía. ¿A qué factores lo atribuye?

Respuesta: Fundamentalmente, creo que por los problemas de atraso y congestión que tienen determinados órganos judiciales. Más por la eficacia que por la competencia y la independencia de la actividad jurisdiccional.

P: Hubo un tiempo en que los jueces podían trabajar con menos ruido alrededor. Pero la lucha política ha ampliado el campo de batalla y más que nunca se libra en los juzgados. ¿En qué medida afecta esto a la Justicia?

R:El juez debe asumir su competencia con naturalidad, porque eso forma parte de su función. Cuando lo hace, no puede extrañarse de que le entre un asunto con determinado contexto conflictivo, porque él no elige, si le llega un asunto de naturaleza política lo tiene que resolver desde su perspectiva jurisdiccional. No se puede quejar, sino asumir con naturalidad el conflicto.

P: Le pido un acto de pedagogía. ¿Por qué hay que seguir creyendo en la independencia judicial de órganos colegiados cuya composición emana, en alguna medida, de los partidos políticos?

R: La independencia judicial es un imperativo constitucional; está personalizado, no es algo negociable, condicionado. Por tanto, allí donde se actúe jurisdiccionalmente, en solitario o de modo colegiado, la independencia es un imperativo, y si no es capaz de asumirla su obligación es dejar la carrera judicial.

P: El Consejo General del Poder Judicial tiene un componente más alto o más bajo de politización, ya que parte de sus miembros la eligen las Cortes, y es constitucional, pero ¿no cree que esto puede convertirse en una amenaza si no se actúa con responsabilidad institucional?

R: Esa sería una perversión del sistema legal. El sistema puede pervertirse, pero la culpa no estará en la ley sino en aquellos que lo pervierten, que hacen una malversación del mandato legal. El CGPJ no es un órgano jurisdiccional, es un órgano de gobierno de los jueces. Por tanto no se puede enjuiciar la actividad y el órgano del consejo con los mismos parámetros legales que se organiza la actividad jurisdiccional estricta. Es un órgano político, constitucional. Tiene un sistema legal de nombramiento, modificado en 1985, ratificado por sentencia del Tribunal Constitucional (TC) y por tanto lo fundamental es, primero, respetar ese sistema de composición, y segundo, exigir a todos los que forman parte de él que asuman la función para la que están designados. Si la asumen irregularmente tendrán su responsabilidad. Insisto, eso sería una perversión del sistema.

P: Tampoco estamos muy lejos. Esas perversiones son de este mundo.

R: Por supuesto. Lo que no se le puede exigir a nadie es la perfección. Hoy puede equivocarse y mañana acertar. Lo que hay que evaluar es por qué ayer se equivocó y hoy ha acertado. Una cosa es equivocarse desde la buena fe y otra equivocarse fuera de toda cobertura legal y de todo motivo legítimo.

P: El TC, con su renovación bloqueada, ¿es otro de esos escenarios de boxeo político?

R: El Tribunal Constitucional tampoco es exactamente el poder judicial que diseña el artículo 117 de la Constitución, cuando dice que la Justicia emana del pueblo y será ejercida en nombre del Rey por jueces y magistrados independientes. El TC es un órgano político constitucional, con su diseño propio, sus normas de elección de miembros y funcionamiento. Lo que pueda servir para enjuiciar, censurar, criticar la actividad jurisdiccional estricta seguramente no servirá para enjuiciar la actividad del TC. Dicho esto, es absolutamente necesario, ya no deseable, que se dicte la sentencia sobre el Estatuto catalán.

P: Hablando del Estatut. ¿Cree que se puede llegar a un punto, si no se produce un acuerdo para alcanzar una sentencia, en el que el TC se tendría que declarar incompetente?

R: La responsabilidad de esa pregunta sí que excede de mis competencias. Lo que digo es que la salud del Estado, de la sociedad, está en gran medida alterada por la resolución del Estatuto catalán, y que una reparación de la salud sería dictar sentencia.

P: A menudo se habla de endogamia judicial. ¿Cree que tienen las mismas oportunidades de promoción un juez que se integra en una asociación que uno que no? ¿Y un juez que trabaja en Galicia en lugar de, pongamos, Madrid?

R: Partiendo de que asociarse es un derecho, no una obligación, cada uno elige asociarse o no, y en la asociación que estime, yo tengo que creer y creo firmemente que no estar asociado no es en absoluto ningún impedimento para promocionarse profesionalmente. El factor fundamental es profesional.

P: No ha sido posible escuchar demasiadas opiniones serenas y ponderadas sobre casos especialmente polémicos como la imputación del juez Garzón por prevaricación o la instrucción del magistrado Luciano Varela. ¿Cuál es la suya?

R: Mi opinión es que es una cuestión jurisdiccional penal, porque lo es, porque se tratan tres querellas admitidas por el órgano competente, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por un posible delito. Querellas imputadas a un magistrado, pero eso no cambia nada, porque responsables ante la ley lo somos todos, del primero al último. Por lo tanto, eso está sometido a actividad jurisdiccional, en este momento todavía en actividad instructora. El asunto más adelantado es el primero, relacionado con la memoria histórica, pero insisto, es actividad jurisdiccional. El respeto de un juez para con ésta, tiene que ser máximo. Habrá que esperar. Partiendo de esto, quiero matizar que para mí esto no es una cuestión más que entre el juez Garzón y la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Se investigan tres conductas distintas y concretas de un juez en el ejercicio de sus funciones. De ningún modo está en cuestión ni parte de la judicatura ni la judicatura.

P: En relación con esta problemática, y en especial al asunto que se refiere a la memoria histórica, ¿cree que sería necesario reflexionar sobre la figura de la acusación popular, que permite que alguien que ni es víctima del delito ni es fiscal tenga la iniciativa de ejercer una acción penal?

R: El Estado debe ser una comunidad de ciudadanos, y la ciudadanía implica soberanía activa, y ésta la participación de todos los ciudadanos en la vida pública. La manifestación más clara de todo esto es lógicamente el Jurado. La acusación popular es en alguna medida una manifestación de esto que le estoy hablando. Tiene una regulación legal, si no nos gusta, o hay una malversación en la utilización de la figura, reformémosla, pero me parece a mí que es una figura legal y es un reflejo, directo o indirecto, de es idea fundamental de que España es una comunidad de ciudadanos, y éstos tienen derecho a participar en la vida pública.

P: ¿Incluso en asuntos que no tengan que ver con ellos?

R: Es que la acusación particular está en principio justificada en función de que permanecen en juego intereses generales que en cierto modo nos afectan, aunque remotamente.

P: En relación al colapso judicial, después de tantos años, ¿hay que pensar que es un problema irresoluble?

R: Sería irresoluble si siguiésemos haciendo lo mismo que siempre, pero en la medida que se adoptan diferentes modificaciones legales y de otro tipo, es que se ha visto la posibilidad de que los problemas tienen una solución. Por eso, quizá, se está planteando modificaciones radicales en aspectos estructurales, ya que a la conclusión que se está llegando es que con la creación de nuevos órganos no se solucionan los problemas. ¿Cuál sería la esencia de la solución? Variar la configuración de la organización territorial de la Justicia. Hay un informe que recomienda cambiar el modelo.

P: El TSXG ha debatido varias veces sobre el colapso del Juzgado de Instrucción 3 y violencia de género de Ourense. ¿Qué se está haciendo?

R: El TSXG había tenido conocimiento de problemas específicos, muchos de desorganización. Se acordó sumar dos funcionarios de refuerzos, y mantener el que ya tenía el juzgado, en base, además, a la propia afirmación de la jueza, que dijo que estábamos ante un problema de organización, y que había una declaración de voluntad expresa de asumir y corregir las disfunciones. Y en eso estamos. Si vemos que la situación involuciona, la sala volvería a retomar el tema.

P: ¿Qué tendencias se advertirán en la memoria del TSXG?

R: Le puedo decir que las principales preocupaciones, desde el punto de vista de congestión de órganos, se hallan donde hay refuerzo. A nivel de TSXG, es de especial preocupación la sala de lo Contencioso-administrativo, que no sólo ha descendido sino que se incrementa; la sala de los Social, dado que es donde van a parar todos los recursos de suplicación. A nivel de órganos colegiados, la Sección Sexta en Pontevedra, con sede en Vigo, también tiene problemas. Si hablamos de juzgados, hay casos aislados como el de Ourense. En los penales preocupan las ejecutorias, y en los civiles y sociales, el incremento de litigiosidad como efecto de la crisis.