Los mandatarios locales sostienen que la gran cantidad de núcleos poblacionales y el envejecimiento encarecen los servicios, pero el Estado no considera estos factores en el reparto

Los concellos piden que la dispersión cuente en la financiación estatal

Viviendas dispersas en el rural ourensano.
Los concellos ourensanos reclaman que los criterios de dispersión poblacional y envejecimiento sean tenidos en cuenta en el sistema de financiación de las entidades locales, ya que son dos factores que encarecen la prestación de servicios a la población, mientras los vecinos demandan cada vez más prestaciones.
El actual sistema para los municipios de menos de 75.000 habitantes (en Ourense todos, excepto la ciudad) se basa principalmente en la población, aunque también en el esfuerzo fiscal (índice que calcula a partir de los impuestos de bienes inmuebles, actividades económicas y tracción mecánica). Cada año, el Estado hace una previsión de lo que va a recaudar y luego lo distribuye entre los municipios aplicando esas fórmulas, y abona el 95% de lo que prevé que les va a corresponder. Dos años después, una vez tiene los datos reales de recaudación, rehace las cuentas y calcula si pagó de más o de menos. Este año, al revisar las cuentas de 2008, detectó grandes desfases y la mayoría de concellos tienen que devolver importantes cantidades (que se descontarán de la aportación que el Estado les va a enviar a partir de 2011 y durante 48 mensualidades).

En Ourense, de los 91 concellos que no superan los 75.000 habitantes, son 11 los que no tendrán que realizar devoluciones al Estado (Baños de Molgas, O Bolo, Calvos de Randín, Castrelo de Miño, Cualedro, Chandrexa de Queixa, Lobeira, Parada de Sil, A Teixeira, A Veiga y Vilariño de Conso). Recibirán, en total, 85.775 euros, si bien el dato concreto oscila entre los 3.394 de Lobeira y los 16.730 de Cualedro (importes están muy por debajo de lo que tendrán que pagar los otros 80). A pesar de no estar afectados por esta devolución, alcaldes de estos municipios se solidarizaban ayer con los que sí que tendrán que pagar, argumentando que 'los concellos rurales recibimos muy poco dinero y no me parece normal que aún encima se les esté reclamando', como manifestaba Francisco Rodríguez, alcalde de Chandrexa de Queixa. 'Es un dinero que está gastado y va a desequilibrar los presupuestos, obligando a prescindir de personal o servicios'. Este municipio tiene pocos vecinos (679) pero una gran extensión (de hecho, carreteras y pistas del municipio suman 170 kilómetros). 'Y eso no se tiene en cuenta', afirmaba, pidiendo una reforma del sistema de financiación.

También Francisco Magide, alcalde de otro de los municipios que no tendrán que pagar en la liquidación de 2008, Parada de Sil, defendía la reforma de la financiación que reciben del Estado y de la Xunta. 'Somos os que mellor coñecemos as necesidades dos veciños' y solicita una distribución de fondos más adaptada a dichas necesidades. 'É imprescindible que se teñan en conta criterios de dispersión e envellecemento', señalaba. También pide que en la distribución de fondos haya menos partidas finalistas (es decir, vinculadas a la ejecución de un determinado proyecto u obra), y que los concellos puedan disponer del dinero en función de las demandas.


modificación

Sobre esta reivindicación, se pronunció ayer el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, quien señaló que habrá una modificación del sistema de financiación en el medio plazo que conceda mayor participación de los ayuntamientos en los ingresos estatales. 'Es algo que el gobierno tiene en mente para un medio plazo porque cualquier modificación ahora implicaría un aumento del gasto, y estamos en la coyuntura menos idónea en estos momentos para aumentar el gasto', afirmó.

El secretario de Estado de Cooperación Territorial añadió que 'el gobierno es consciente de las dificultades que viven los ayuntamientos', y que por lo tanto hay que arbitrar fórmulas 'que han tenido su parangón y su argumento más significativo en los dos fondos de inversión local que durante los años 2009 y 2010 se han invertido en el conjunto del país'.

En todo caso, Zarrías señaló que no habrá aplazamiento del reintegro de las cuantías que deben devolver la mayoría de municipios, y que se les descontará desde enero de 2011.

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