Antes de que Fernando P.V., 49 años, fuese sorprendido por la Policía Local de la ciudad haciendo un butrón en el Eroski de la N-120 ya se estaba arrepintiendo. Nunca antes había robado. Ni había tenido problemas con la Justicia. Pero, según confesó a la jueza de guardia, el desespero le había llevado al centro comercial que frecuenta habitualmente a horas intempestivas, la 1,20 horas de la madrugada. Su falta de experiencia en estas lides quedó al descubierto cuando pudo haber escapado y, sin embargo, quedó petrificado en el lugar del delito.
Fernando P. V. relató ante la magistrada de Instrucción 3 como las deudas lo condujeron al supermercado próximo a su domicilio con la única finalidad de ir a buscar algo de comer para su hijo. Hacía seis meses que no encontraba un obra de la construcción capaz de proporcionarle un sustento.
Esta historia es el exponente extremo de la desesperación al que llegó uno de los 26.404 parados registrados en el Inem (dato actualizado ayer mismo). Y aunque la mayoría de las personas sin recursos no aprovecha esta circunstancia para delinquir si es cierto, según reconocen los jueces ourensanos, que 'hay un goteo constante de personas que lo hacen fruto de la mala situación económica'.
Las fuerzas de seguridad, no obstante, quitan hierro al asunto. Reconocen -la estadística es elocuente- que los delitos contra el patrimonio aumentaron un 3,4 por ciento en 2009 en el ámbito competencial de la Guardia Civil y la Comisaría de Policía. Y en ese gran apartado, los robos con fuerza en viviendas, en establecimientos comerciales (en horas nocturnas) y los asaltos en la vía pública fueron los que más acusaron el incremento, con un 11,6%, 8,8%, 14,8%, respectivamente.
Pero detrás de la frialdad de estos balances policiales, hay historias humanas, alimentadas por la mala situación económica, que llegan al personal de la judicatura casi de forma continua desde hace un año, según reconoce el juez decano del partido judicial de Ourense, Antonio Piña.
En las guardias se escuchan casos sangrantes. Como el robo con fuerza imputado a tres gitanos de la misma familia, con edades entre los 72 y 22 años, que entraron a robar 168 chorizos en un carnicería de A Peroxa. Según el patriarca del clan, la crisis bajó el precio de la chatarra a siete céntimos el kilo y una única pensión de 400 euros no daba para alimentar a 25 personas.
No todos los delitos son tan elementales. Hay quienes, incluso ante la exasperación de la falta de empleo afilan el ingenio. En el Juzgado de Instrucción 2 de la ciudad, se tramita una presunta estafa en la que están imputados cuatro ciudadanos brasileños. Según la denuncia policial, supuestamente vendían teléfonos móviles de alta gama que previamente habían conseguido de forma gratuita con atractivas nóminas falsas. Todos ellos, con hijos pequeños a su cargo y sin papeles de residencia en regla. Y para colmo, los habían echado del restaurante en el que trabajaban.
A las salas de vistas no sólo llegan procedimiento penales de índole económica. Los jueces reconocen que instruyen muchas lesiones y altercados (incluido el maltrato en el ámbito doméstico). Jóvenes afectados por el desempleo que deben volver a la casa paterna y recaídas en el alcoholismo son otros de los efectos colaterales del marasmo económico. Sin olvidar que la falta de dinero siempre es un buen caldo de cocción para las frustraciones y, por ende, para la agresividad. 'El otro día entró el caso de un rumano que trabajaba en un cantera sin contrato y le pegó al dueño cuando lo echó a la calle', relatan fuentes judiciales.
La morosidad también es otra consecuencia que deriva en infracción penal. El día 24 del pasado mes una madre y su hija fueron detenidas en Verín porque entraron a las bravas a un inmueble para cobrar una factura que se les adeudaba.
Otra de las caras de la moneda la conocen en el Colegio de Abogados de Ourense. El decano Arturo González echa la vista atrás para confirmar que desde mediados del pasado año han visto incrementado de forma notable las peticiones de justicia gratuita , de forma que los beneficiarios aumentaron un 4,1% el último año. 'Tenemos más peticiones de abogados de oficio en todas las jurisdicciones', apunta, destacando que sólo aprecian una excepción en cuanto a tramitación de divorcios y separaciones, que disminuyeron. Las peticiones afectan a la jurisdicción penal , social y civil. En esta última, por ejemplo, hay mucha litigiosidad derivada de los procesos monitorios (impagos de pequeñas cantidades por parte de particulares). Nada se perdona en tiempos de crisis.
Juzgados sociales
La crisis económica ha tenido una incidencia directa en los órganos judiciales, provocando un aumento importante en la litigiosidad en los juzgados de lo mercantil y lo social. Un estudio comparado de los datos del año 2007 con los de 2008 deja ver un incremento exponencial en el número de asuntos. Si en 2007 se presentaron un total de 10 concursos de acreedores (antigua suspensión de pagos) la cifra ascendió a 32 al año siguiente, y a 48 en 2009. Es decir, en dos años casi se ha multiplicado por cinco este concepto.
No pinta mejor la situación en otros conceptos, como pueden ser las ejecuciones hipotecarias presentadas en los juzgados de Primera Instancia y mixtos. Las ejecuciones hipotecarias elevadas a estas instancias ascendieron el pasado año a 171. Esta cifra, en términos porcentuales, representa hasta un 106% más que en el año 2007, cuando las hipotecas ejecutadas fueron 83; en 2008, ya habían ascendido a 131.
La pérdida sangrante de puestos de trabajo en los dos últimos años no ha dejado de trasladar sus efectos también a los órganos de la Administración de Justicia. El número de despidos llevados hasta los tres juzgados de lo Social que operan en la provincia de Ourense, alcanzó los 681, muy por encima de los 538 del año 2008, y los 298 de 2007. Puestas estas cifras en el contexto de la situación del mapa laboral nacional, hay que destacar que representan una porción muy pequeña de los 135.335 despidos que acabaron en un juicio en toda España el año 2009. Una provincia como Lugo, equiparable en población a Ourense, dejó 715 despidos.
La incidencia de la crisis económica repercute todavía en otras incidencias judiciales. En esta caso, las reclamaciones de cantidades adeudadas que los empleados hacen a los empresarios. Por este motivo, los juzgados de lo Social resolvieron, según datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial, un total de 890 asuntos en 2009, por 729 en 2008 y 495 en 2007.
Esta historia es el exponente extremo de la desesperación al que llegó uno de los 26.404 parados registrados en el Inem (dato actualizado ayer mismo). Y aunque la mayoría de las personas sin recursos no aprovecha esta circunstancia para delinquir si es cierto, según reconocen los jueces ourensanos, que 'hay un goteo constante de personas que lo hacen fruto de la mala situación económica'.
Las fuerzas de seguridad, no obstante, quitan hierro al asunto. Reconocen -la estadística es elocuente- que los delitos contra el patrimonio aumentaron un 3,4 por ciento en 2009 en el ámbito competencial de la Guardia Civil y la Comisaría de Policía. Y en ese gran apartado, los robos con fuerza en viviendas, en establecimientos comerciales (en horas nocturnas) y los asaltos en la vía pública fueron los que más acusaron el incremento, con un 11,6%, 8,8%, 14,8%, respectivamente.
Pero detrás de la frialdad de estos balances policiales, hay historias humanas, alimentadas por la mala situación económica, que llegan al personal de la judicatura casi de forma continua desde hace un año, según reconoce el juez decano del partido judicial de Ourense, Antonio Piña.
En las guardias se escuchan casos sangrantes. Como el robo con fuerza imputado a tres gitanos de la misma familia, con edades entre los 72 y 22 años, que entraron a robar 168 chorizos en un carnicería de A Peroxa. Según el patriarca del clan, la crisis bajó el precio de la chatarra a siete céntimos el kilo y una única pensión de 400 euros no daba para alimentar a 25 personas.
No todos los delitos son tan elementales. Hay quienes, incluso ante la exasperación de la falta de empleo afilan el ingenio. En el Juzgado de Instrucción 2 de la ciudad, se tramita una presunta estafa en la que están imputados cuatro ciudadanos brasileños. Según la denuncia policial, supuestamente vendían teléfonos móviles de alta gama que previamente habían conseguido de forma gratuita con atractivas nóminas falsas. Todos ellos, con hijos pequeños a su cargo y sin papeles de residencia en regla. Y para colmo, los habían echado del restaurante en el que trabajaban.
A las salas de vistas no sólo llegan procedimiento penales de índole económica. Los jueces reconocen que instruyen muchas lesiones y altercados (incluido el maltrato en el ámbito doméstico). Jóvenes afectados por el desempleo que deben volver a la casa paterna y recaídas en el alcoholismo son otros de los efectos colaterales del marasmo económico. Sin olvidar que la falta de dinero siempre es un buen caldo de cocción para las frustraciones y, por ende, para la agresividad. 'El otro día entró el caso de un rumano que trabajaba en un cantera sin contrato y le pegó al dueño cuando lo echó a la calle', relatan fuentes judiciales.
La morosidad también es otra consecuencia que deriva en infracción penal. El día 24 del pasado mes una madre y su hija fueron detenidas en Verín porque entraron a las bravas a un inmueble para cobrar una factura que se les adeudaba.
Otra de las caras de la moneda la conocen en el Colegio de Abogados de Ourense. El decano Arturo González echa la vista atrás para confirmar que desde mediados del pasado año han visto incrementado de forma notable las peticiones de justicia gratuita , de forma que los beneficiarios aumentaron un 4,1% el último año. 'Tenemos más peticiones de abogados de oficio en todas las jurisdicciones', apunta, destacando que sólo aprecian una excepción en cuanto a tramitación de divorcios y separaciones, que disminuyeron. Las peticiones afectan a la jurisdicción penal , social y civil. En esta última, por ejemplo, hay mucha litigiosidad derivada de los procesos monitorios (impagos de pequeñas cantidades por parte de particulares). Nada se perdona en tiempos de crisis.
Juzgados sociales
La crisis económica ha tenido una incidencia directa en los órganos judiciales, provocando un aumento importante en la litigiosidad en los juzgados de lo mercantil y lo social. Un estudio comparado de los datos del año 2007 con los de 2008 deja ver un incremento exponencial en el número de asuntos. Si en 2007 se presentaron un total de 10 concursos de acreedores (antigua suspensión de pagos) la cifra ascendió a 32 al año siguiente, y a 48 en 2009. Es decir, en dos años casi se ha multiplicado por cinco este concepto.
No pinta mejor la situación en otros conceptos, como pueden ser las ejecuciones hipotecarias presentadas en los juzgados de Primera Instancia y mixtos. Las ejecuciones hipotecarias elevadas a estas instancias ascendieron el pasado año a 171. Esta cifra, en términos porcentuales, representa hasta un 106% más que en el año 2007, cuando las hipotecas ejecutadas fueron 83; en 2008, ya habían ascendido a 131.
La pérdida sangrante de puestos de trabajo en los dos últimos años no ha dejado de trasladar sus efectos también a los órganos de la Administración de Justicia. El número de despidos llevados hasta los tres juzgados de lo Social que operan en la provincia de Ourense, alcanzó los 681, muy por encima de los 538 del año 2008, y los 298 de 2007. Puestas estas cifras en el contexto de la situación del mapa laboral nacional, hay que destacar que representan una porción muy pequeña de los 135.335 despidos que acabaron en un juicio en toda España el año 2009. Una provincia como Lugo, equiparable en población a Ourense, dejó 715 despidos.
La incidencia de la crisis económica repercute todavía en otras incidencias judiciales. En esta caso, las reclamaciones de cantidades adeudadas que los empleados hacen a los empresarios. Por este motivo, los juzgados de lo Social resolvieron, según datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial, un total de 890 asuntos en 2009, por 729 en 2008 y 495 en 2007.
