Una representación de cuatro trabajadores del Matadero municipal de Ourense pidieron al alcalde de la ciudad, el socialista Agustín Fernández, un compromiso que garantice sus puestos de trabajo -la plantilla la integran 21 empleados-, ahora que el gobierno municipal ha optado por no prorrogar la concesión del servicio y ha acordado iniciar un nuevo proceso de concurso. Lo hicieron en una reunión que mantuvieron a primera hora de la mañana en la Alcaldía, donde el regidor les comunicó que intentaría que conservaran sus empleos, siempre respetando la legalidad que rige en este tipo de concursos.
Los trabajadores expresaron su preocupación por el proceso administrativo que se abre ahora pero también por el futuro de este servicio municipal, que gestiona la empresa Matadero de Ourense S.L. desde el año 1993, cuando el Concello decidió privatizarlo. Ocurre que el proyecto del nuevo Plan de Urbanismo contempla el traslado de las instalaciones, hasta ahora en el barrio de O Pino, a Santa Cruz de Arrabaldo, para dedicar el espacio a uso termal, aunque justo al lado del recinto se encuentra un matadero privado. Por ello, y porque una nueva concesión en esas condiciones no debería resultar muy atractiva para ninguna empresa, les hace sospechar que incluso el Concello pueda barajar la posibilidad de cerrar el servicio y ellos ser enviados al paro; aunque este Matadero es, por ejemplo, el único que sacrifica porcino.
La incertidumbre sobre la gestión del Matadero se produjo cuando la primera junta municipal de gobierno de este mes acordó la denuncia de la concesión del servicio, que finaliza en junio del próximo año y que contemplaba una prórroga automática por cinco años más si no se denunciase, como se ha hecho, con la antelación legal suficiente. Lo hizo de acuerdo con un informe del asesor jurídico, Luis Tros, validado por el interventor, Gonzalo Alonso, que precisa, entre otras cuestiones, que 'no consta informe del servicio sobre la conveniencia de la prórroga sobre si es más conveniente al interés público un nuevo expediente de contratación'; y que 'no consta compromiso del adjudicatario de realizar inversiones proporcionales a las que se comprometió en el momento de la adjudicación originaria, lo que puede generar fuente de conflicto'. Pero los trabajadores, que ayer aportaron al alcalde diversa documentación relativa a la gestión del Matadero, aseguran que, sin entrar en inversiones menores, durante todos estos años se han realizado mejoras por importe de 1,2 millones de euros, aproximadamente; sin olvidar, recuerdan, que la gestión cumple exquisitamente con la legalidad porque las inspecciones de la Xunta son periódicas; no así las de los técnicos municipales, dicen.
La incertidumbre sobre la gestión del Matadero se produjo cuando la primera junta municipal de gobierno de este mes acordó la denuncia de la concesión del servicio, que finaliza en junio del próximo año y que contemplaba una prórroga automática por cinco años más si no se denunciase, como se ha hecho, con la antelación legal suficiente. Lo hizo de acuerdo con un informe del asesor jurídico, Luis Tros, validado por el interventor, Gonzalo Alonso, que precisa, entre otras cuestiones, que 'no consta informe del servicio sobre la conveniencia de la prórroga sobre si es más conveniente al interés público un nuevo expediente de contratación'; y que 'no consta compromiso del adjudicatario de realizar inversiones proporcionales a las que se comprometió en el momento de la adjudicación originaria, lo que puede generar fuente de conflicto'. Pero los trabajadores, que ayer aportaron al alcalde diversa documentación relativa a la gestión del Matadero, aseguran que, sin entrar en inversiones menores, durante todos estos años se han realizado mejoras por importe de 1,2 millones de euros, aproximadamente; sin olvidar, recuerdan, que la gestión cumple exquisitamente con la legalidad porque las inspecciones de la Xunta son periódicas; no así las de los técnicos municipales, dicen.
