El 29 de octubre el alcalde de Punxín, Alfredo Cruz Gago, comparecerá en vista pública ante el Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense. El fiscal pide para él ocho años y seis meses de inhabilitación para cargo público. Su defensa reclamará la libre absolución. El regidor de Melón, Alberto Pardellas Álvarez, todavía no conoce la fecha en la que deberá someterse a la decisión de la Justicia. Pero sí se sabe que el Ministerio Público demanda una pena prisión de un año, multa y nueve años de inhabilitación.
Alfredo Cruz Gago, alcalde socialista de Punxín, se defenderá de la imputación del delito de prevaricación el día 29 de octubre. El Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense acogerá la vista oral, a la que el regidor llega con la conciencia muy tranquila y convencido de que el asunto no tiene más recorrido que el que ya tuvo, en su día, en la jurisdicción social, señaló a este periódico. El asunto es el siguiente: el 21 de junio de 2007 firmó una carta de despido de una empleada del Concello, responsable de las tareas de limpieza. Según el relato del fiscal, tal decisión se adoptó a sabiendas de que la misma era contraria a derecho. Así se lo habría hecho saber previamente la secretaria municipal.
Cruz Gago admite que hubo un defecto en las formas, si bien en relación al fondo, habría mucho que matizar. En cualquier caso, la empleada recurrió la resolución que la dejaba sin un trabajo en el que llevaba aproximadamente un año y medio con un contrato fijo. La medida surtió efecto. El Juzgado de lo Social obligó al Concello de Punxín a restituirla en su puesto de trabajo. Fue readmitida sin ningún problema, confirma Alfredo Cruz, y yo pedí perdón públicamente. Aquella decisión judicial, sin embargo, trasladó el caso a la jurisdicción penal. En ese escenario, el Ministerio Público solicita para el regidor, por el delito de prevaricación, una pena de ocho años y seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público. Hoy en día, la empleada continúa con su actividad profesional en el Concello sin que exista conflictividad alguna con el alcalde, según éste.
Alberto Pardellas Álvarez, alcalde de Melón por el PP, aún no tiene fecha para rendir cuentas ante la Justicia. La calificación del Ministerio Fiscal se conoce desde hace meses. Se le imputa un delito de prevaricación urbanística, por el cual demanda una pena de un año de prisión, multa de 10.800 euros e inhabilitación de nueve años. Los hechos se remiten a enero de 2005, cuando el acusado ejercía de alcalde en funciones, por delegación del regidor electo. Entonces, Pardellas autorizó la construcción de un polideportivo a 75 metros del Monasterio de Santa María de Melón, careciendo de la preceptiva autorización de la Xunta y Patrimonio Histórico. Según él, el secretario del Concello en ningún momento me hizo saber que no teníamos esa autorización. Según el fiscal, habría actuado a sabiendas de todo ello.
Pardellas prepara un proyecto para finalizar el polideportivo
Paralizada desde 2005, la construcción del polideportivo en las inmediaciones del Monasterio de Santa María no es, para el alcalde de Melón, un proyecto muerto. Vamos a retomarlo. Por ahora, hemos aprobado el Plan Xeral, que es una condición previa, y trabajamos con el arquitecto para adaptar el proyecto a los requisitos de construcción.
Mientras eso no ocurre, el Ministerio Fiscal recuerda en su calificación que a consecuencia de la ilegalidad de las obras, además del expediente iniciado por la Consellería de Política Territorial, se inició un procedimiento sancionador por la Consellería de Cultura. De hecho, en mayo de 2006 se le impuso una sanción de 60.200 euros. Alberto Pardellas puntualiza, al respecto, que a día el Concello no ha pagado una sola sanción. Todas han sido recurridas. Y en algún caso, asegura, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia nos ha dado la razón.
Ante la llegada, en un futuro no lejano, de la celebración del juicio, se declara absolutamente tranquilo. Ni por escrito, ni en pleno ni en comisión de Gobierno, se nos comunicó por parte del secretario que el proyecto no se adaptase a la legalidad. La Justicia dirá.
Cruz Gago admite que hubo un defecto en las formas, si bien en relación al fondo, habría mucho que matizar. En cualquier caso, la empleada recurrió la resolución que la dejaba sin un trabajo en el que llevaba aproximadamente un año y medio con un contrato fijo. La medida surtió efecto. El Juzgado de lo Social obligó al Concello de Punxín a restituirla en su puesto de trabajo. Fue readmitida sin ningún problema, confirma Alfredo Cruz, y yo pedí perdón públicamente. Aquella decisión judicial, sin embargo, trasladó el caso a la jurisdicción penal. En ese escenario, el Ministerio Público solicita para el regidor, por el delito de prevaricación, una pena de ocho años y seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público. Hoy en día, la empleada continúa con su actividad profesional en el Concello sin que exista conflictividad alguna con el alcalde, según éste.
Alberto Pardellas Álvarez, alcalde de Melón por el PP, aún no tiene fecha para rendir cuentas ante la Justicia. La calificación del Ministerio Fiscal se conoce desde hace meses. Se le imputa un delito de prevaricación urbanística, por el cual demanda una pena de un año de prisión, multa de 10.800 euros e inhabilitación de nueve años. Los hechos se remiten a enero de 2005, cuando el acusado ejercía de alcalde en funciones, por delegación del regidor electo. Entonces, Pardellas autorizó la construcción de un polideportivo a 75 metros del Monasterio de Santa María de Melón, careciendo de la preceptiva autorización de la Xunta y Patrimonio Histórico. Según él, el secretario del Concello en ningún momento me hizo saber que no teníamos esa autorización. Según el fiscal, habría actuado a sabiendas de todo ello.
Pardellas prepara un proyecto para finalizar el polideportivo
Paralizada desde 2005, la construcción del polideportivo en las inmediaciones del Monasterio de Santa María no es, para el alcalde de Melón, un proyecto muerto. Vamos a retomarlo. Por ahora, hemos aprobado el Plan Xeral, que es una condición previa, y trabajamos con el arquitecto para adaptar el proyecto a los requisitos de construcción.
Mientras eso no ocurre, el Ministerio Fiscal recuerda en su calificación que a consecuencia de la ilegalidad de las obras, además del expediente iniciado por la Consellería de Política Territorial, se inició un procedimiento sancionador por la Consellería de Cultura. De hecho, en mayo de 2006 se le impuso una sanción de 60.200 euros. Alberto Pardellas puntualiza, al respecto, que a día el Concello no ha pagado una sola sanción. Todas han sido recurridas. Y en algún caso, asegura, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia nos ha dado la razón.
Ante la llegada, en un futuro no lejano, de la celebración del juicio, se declara absolutamente tranquilo. Ni por escrito, ni en pleno ni en comisión de Gobierno, se nos comunicó por parte del secretario que el proyecto no se adaptase a la legalidad. La Justicia dirá.
