El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, confirmó ayer el archivo de la denuncia anónima presentada ante la Fiscalía Anticorrupción contra el expresidente de la Diputación de Ourense y del PP en esta provincia, José Luis Baltar, por supuestas irregularidades durante su gestión de gobierno.
Torres-Dulce explicó en A Coruña, donde asistió a un curso sobre Derecho Civil organizado por la Universidad Menéndez Pelayo, que, en realidad, en la Fiscalía Anticorrupción se recibieron dos denuncias, una anónima y otra en la que prácticamente se reproducían los mismos hechos que ya se planteaban en una tercera denuncia que fue enviada hace un año pero a la Fiscalía de Ourense. Por ello, Anticorrupción, al ser esta segunda denuncia una 'reproducción exacta' de la de Ourense, también se ha archivado. 'No aportó nada nuevo', sentenció.
Sin embargo, sigue abierta, o en trámite, la que fue enviada a la Fiscalía de Ourense porque, según el fiscal general, Anticorrupción 'no tiene noticia de que se haya producido el archivo de la misma'.
Sobre la denuncia anónima remitida recientemente a la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, con documentación sobre supuestas irregularidades con las que el exbarón del PP habría fraguado su poder orgánico e institucional y habría acumulado patrimonio personal, Torres-Dulce ha indicado que 'ha sido archivada por carencia de precisión'.
A mediados de 2010, el PSdeG remitió un escrito a la Fiscalía de Ourense en el cual sugería posibles delitos de tráfico de influencias, malversación de fondos, prevaricación y, subsidiariamente, coacciones en la contratación de 115 personas afines al PP que supuestamente fueron dadas de alta sin el aval de Intervención desde finales de 2009 y hasta la celebración del congreso provincial del PP donde de produjo relevo de José Luis Baltar en beneficio de Manuel Baltar, su hijo.
En abril de 2010 el exsenador del PSOE Agustín Vega también formuló una denuncia ante la Fiscalía ourensana por las contrataciones de personal, y posteriormente, en mayo del año pasado, el PSdeG denunció ante la Fiscalía la supuesta contratación irregular de un empleado de la Diputación de Ourense que, según los socialistas, ejercía de agente electoral con el objeto de captar votos en el exterior.
El archivo de la reciente denuncia anónima presentada en la Fiscalía Anticorrupción ya ha generado alguna reacción en el PP. Es el caso del vicepresidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices, quien no se mostró ayer sorprendido por el modo de proceder del ministerio público. 'É algo que xa se esperaba', indicó para, acto seguido, valorar positivamente que 'a Fiscalía non ampare actitudes cobardes e denuncias feitas dende o anonimato, sen dar a cara'.
Asimismo, Santalices avanzó que pedirá al partido que 'reflexione sobre o sucedido', porque, según reiteró, 'do mesmo xeito que non se poden permitir afirmacións anónimas para facer dano a persoas, tampouco se poden amparar as que teñen como obxectivo facer dano á estructura mesma dun organismo político'.
Sin embargo, sigue abierta, o en trámite, la que fue enviada a la Fiscalía de Ourense porque, según el fiscal general, Anticorrupción 'no tiene noticia de que se haya producido el archivo de la misma'.
Sobre la denuncia anónima remitida recientemente a la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, con documentación sobre supuestas irregularidades con las que el exbarón del PP habría fraguado su poder orgánico e institucional y habría acumulado patrimonio personal, Torres-Dulce ha indicado que 'ha sido archivada por carencia de precisión'.
A mediados de 2010, el PSdeG remitió un escrito a la Fiscalía de Ourense en el cual sugería posibles delitos de tráfico de influencias, malversación de fondos, prevaricación y, subsidiariamente, coacciones en la contratación de 115 personas afines al PP que supuestamente fueron dadas de alta sin el aval de Intervención desde finales de 2009 y hasta la celebración del congreso provincial del PP donde de produjo relevo de José Luis Baltar en beneficio de Manuel Baltar, su hijo.
En abril de 2010 el exsenador del PSOE Agustín Vega también formuló una denuncia ante la Fiscalía ourensana por las contrataciones de personal, y posteriormente, en mayo del año pasado, el PSdeG denunció ante la Fiscalía la supuesta contratación irregular de un empleado de la Diputación de Ourense que, según los socialistas, ejercía de agente electoral con el objeto de captar votos en el exterior.
El archivo de la reciente denuncia anónima presentada en la Fiscalía Anticorrupción ya ha generado alguna reacción en el PP. Es el caso del vicepresidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices, quien no se mostró ayer sorprendido por el modo de proceder del ministerio público. 'É algo que xa se esperaba', indicó para, acto seguido, valorar positivamente que 'a Fiscalía non ampare actitudes cobardes e denuncias feitas dende o anonimato, sen dar a cara'.
Asimismo, Santalices avanzó que pedirá al partido que 'reflexione sobre o sucedido', porque, según reiteró, 'do mesmo xeito que non se poden permitir afirmacións anónimas para facer dano a persoas, tampouco se poden amparar as que teñen como obxectivo facer dano á estructura mesma dun organismo político'.
