Habrá cambios en la investigación del vertido al Barbaña. El 6 de enero el Juzgado de Instrucción 1 admitía a trámite una querella de tres asociaciones de vecinos, por lo que la Fiscalía cerrará sus diligencias en favor del magistrado, que abre otras.
Mientras el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, aseguraba en rueda de prensa que no archivará las diligencias abiertas en relación al vertido del Barbaña, a pocos metros el Juzgado de Instrucción 1 de Ourense contaba las horas para que la Fiscalía archive las diligencias. ¿Por qué, cómo, cuándo? Porque desde el 6 de enero el caso está técnicamente judicializado. Eso significa que ese juzgado admitió a trámite una querella. Ésta había sido interpuesta el 6 de noviembre de 2009 por tres asociaciones vecinales (Barbaña, San Breixo y Seixalbo), circunstancia ésta confirmada por fuentes del propio Juzgado y de los querellantes, y que en la práctica proporciona un ligero revolcón al panorama.
Hasta que esto no ocurrió, la Fiscalía de Ourense investigaba de oficio. Porque con 17.013 peces muertos el 24 de junio pasado y la presencia de sustancias tóxicas en el agua del Barbaña, hallaba elementos para sospechar de una posible actividad delictiva. Pero el juez, Leonardo Álvarez, ha puesto las manos en el asunto. Instruirá el caso. Dicho de otro modo: gobernará en el caso Barbaña. Y como es imposible una investigación paralela, más temprano que tarde la Fiscalía habrá de archivar sus diligencias.
De este modo, la Fiscalía tendrá ahora que entregarle la dirección de las investigaciones al Juzgado y colaborar con el magistrado. Porque seguirá, con todo, desempeñando un papel preponderante: será quien decide si, con los datos recabados por el juez, se ejerce o no una acusación pública. Incluso podrá proponer -junto con los querellantes- que se persevere en tal o cual línea de investigación. Pero será el juez el que tendrá la última palabra.
Pese a esta circunstancia, el fiscal jefe se presentó ante los medios de comunicación ayer anunciando que no iba a archivar ni abandonar las investigaciones sobre el vertido tóxico en el río, pese a la falta de pruebas existentes ante la imposibilidad del Seprona para determinar qué empresa vertió elementos tóxicos a la depuradora, que a su vez vertió al Barbaña. Este diario había anunciado el más que probable archivo de esas diligencias por esa causa, según informaciones que procedían de la misma Fiscalía ourensana. Pero la presión ejercida desde el Concello y desde otros organismos obligaron a reconducir aquella decisión.
Preguntado el fiscal jefe por los caminos que puede explorar el Ministerio Público, ante la puerta cerrada con la que se ha encontrado el Seprona, apuntó a la posibilidad de que la policía judicial explore nuevas vías. Eso sí, no parece previsible que vaya a ordenarlas la Fiscalía a la vista de que tendrá que ceder la dirección del caso al Juzgado.
Injerencia municipal
El fiscal jefe envió el segundo torpedo al Concello de Ourense y a su alcalde, al que atribuyó ignorancia culposa por atreverse a decir a la Fiscalía cómo tiene que llevar la investigación y realizar su trabajo. Por ello, sólo puedo calificar su actitud como injerencia inaceptable en la independencia del Ministerio Público. Las diligencias 61/2009 ponen de manifiesto que no hay pasividad por nuestra parte, en contra de lo que sugirió el Concello. Aunque ahora ha llegado un juez de instrucción para asumir el mando.
El Concello se felicita por el cambio de actitud
El Concello de Ourense, conocidas las intenciones expresadas por el fiscal jefe para seguir perseverando en la investigación, se felicitó por el cambio de actitud. Aunque en el momento de manifestar su placer, el gobierno municipal había tomado únicamente conocimiento de lo penúltimo, pero no de lo último, es decir, que a partir de ahora será el Juzgado de Instrucción 1 el que tutele la investigación, retirando a la Fiscalía la capacidad para indagar de oficio en la autoría del vertido.
Hasta la fecha, y según relató el propio Florentino Delgado, la actuación del Ministerio Fiscal consistió en reclamar, en junio, informes al Seprona, a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y al servicio de calidad de aguas de la Xunta. El 18 de septiembre el Seprona -con el que estamos en perfecta sintonía, señaló el fiscal- remitió su informe, que no aportaba sino una amplia horquilla de posibles empresas autoras del vertido. Pero no una definida a la que acusar. Habían transcurrido seis meses y en diciembre hubo que solicitar a la Fiscalía General del Estado una prórroga para continuar las pesquisas. Se le concedió. La última decisión del Ministerio Público, adoptada todavía el 11 de enero, fue requerir otro informe a la Consellería de Medio Ambiente.
Hasta que esto no ocurrió, la Fiscalía de Ourense investigaba de oficio. Porque con 17.013 peces muertos el 24 de junio pasado y la presencia de sustancias tóxicas en el agua del Barbaña, hallaba elementos para sospechar de una posible actividad delictiva. Pero el juez, Leonardo Álvarez, ha puesto las manos en el asunto. Instruirá el caso. Dicho de otro modo: gobernará en el caso Barbaña. Y como es imposible una investigación paralela, más temprano que tarde la Fiscalía habrá de archivar sus diligencias.
De este modo, la Fiscalía tendrá ahora que entregarle la dirección de las investigaciones al Juzgado y colaborar con el magistrado. Porque seguirá, con todo, desempeñando un papel preponderante: será quien decide si, con los datos recabados por el juez, se ejerce o no una acusación pública. Incluso podrá proponer -junto con los querellantes- que se persevere en tal o cual línea de investigación. Pero será el juez el que tendrá la última palabra.
Pese a esta circunstancia, el fiscal jefe se presentó ante los medios de comunicación ayer anunciando que no iba a archivar ni abandonar las investigaciones sobre el vertido tóxico en el río, pese a la falta de pruebas existentes ante la imposibilidad del Seprona para determinar qué empresa vertió elementos tóxicos a la depuradora, que a su vez vertió al Barbaña. Este diario había anunciado el más que probable archivo de esas diligencias por esa causa, según informaciones que procedían de la misma Fiscalía ourensana. Pero la presión ejercida desde el Concello y desde otros organismos obligaron a reconducir aquella decisión.
Preguntado el fiscal jefe por los caminos que puede explorar el Ministerio Público, ante la puerta cerrada con la que se ha encontrado el Seprona, apuntó a la posibilidad de que la policía judicial explore nuevas vías. Eso sí, no parece previsible que vaya a ordenarlas la Fiscalía a la vista de que tendrá que ceder la dirección del caso al Juzgado.
Injerencia municipal
El fiscal jefe envió el segundo torpedo al Concello de Ourense y a su alcalde, al que atribuyó ignorancia culposa por atreverse a decir a la Fiscalía cómo tiene que llevar la investigación y realizar su trabajo. Por ello, sólo puedo calificar su actitud como injerencia inaceptable en la independencia del Ministerio Público. Las diligencias 61/2009 ponen de manifiesto que no hay pasividad por nuestra parte, en contra de lo que sugirió el Concello. Aunque ahora ha llegado un juez de instrucción para asumir el mando.
El Concello se felicita por el cambio de actitud
El Concello de Ourense, conocidas las intenciones expresadas por el fiscal jefe para seguir perseverando en la investigación, se felicitó por el cambio de actitud. Aunque en el momento de manifestar su placer, el gobierno municipal había tomado únicamente conocimiento de lo penúltimo, pero no de lo último, es decir, que a partir de ahora será el Juzgado de Instrucción 1 el que tutele la investigación, retirando a la Fiscalía la capacidad para indagar de oficio en la autoría del vertido.
Hasta la fecha, y según relató el propio Florentino Delgado, la actuación del Ministerio Fiscal consistió en reclamar, en junio, informes al Seprona, a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y al servicio de calidad de aguas de la Xunta. El 18 de septiembre el Seprona -con el que estamos en perfecta sintonía, señaló el fiscal- remitió su informe, que no aportaba sino una amplia horquilla de posibles empresas autoras del vertido. Pero no una definida a la que acusar. Habían transcurrido seis meses y en diciembre hubo que solicitar a la Fiscalía General del Estado una prórroga para continuar las pesquisas. Se le concedió. La última decisión del Ministerio Público, adoptada todavía el 11 de enero, fue requerir otro informe a la Consellería de Medio Ambiente.
