El Gobierno de Pedro Sánchez realizó en tres días dos ejercicios a largo plazo. Primero fue el jueves 20 de mayo con el ya famoso "Plan España2050" y el sábado, “Pueblos con futuro”. Entre ambos, más de 800 páginas y centenares de propuestas para “decidir qué país queremos ser en 30 años” y en paralelo dotar de propuestas concretas al programa de 10.000 millones de euros para la España Vacía. Pero adentrándose en las perspectivas de las regiones del interior sorprende que en estos documentos no haya ni una sola mención a embalses ni centrales hidroeléctricas: en los próximos quince años caducarán en España las concesiones de 230 explotaciones de este tipo y en la provincia serán 15 en 25 años. El tema es capital: lo recuerda el experto Félix García de Pablos mientras calcula que las gigantes eléctricas obtienen unos 800 millones de euros al año de los ríos gallegos y los beneficios, al ser empresas con sedes fiscales en Euskadi o Cataluña, apenas repercuten aquí como también lamenta el autor de “La canción triste del Duero” y que estará este jueves día 3 de junio en el Foro La Región -sede de Afundación, 20,30 horas- con la charla "El expolio de los ríos gallegos".
Solo cuatro días después del acto de La Moncloa sobre el reto demográfico en el que se viralizó el discurso de la periodista Ana Iris Simón, el pasado martes la plataforma España Vaciada presentó a los partidos políticos en el Congreso su programa con 103 medidas. “Queremos tener los mismos derechos que todos los españoles”, reclamaron apoyados en una batería de propuestas que sí recoge la problemática de los embalses: "La expansión hidráulica trajo una disparidad de las medidas compensatorias para los pueblos y sus habitantes. Esto sigue siendo objeto de demanda por parte de ciertas regiones a las empresas productoras de energía hidroeléctrica".
Un plan de compensación
Y pocas regiones como Ourense, con una décima parte de la potencia hidráulica de España y el 95% de sus 2.100 megavatios instalados en los ríos en manos de Iberdrola, Naturgy y Endesa, pueden reclamar con tantos argumentos la necesidad de cobrar esa deuda histórica de llevar siete décadas exportando energía sin apenas retorno y soportando además todas las externalidades negativas de las enormes masas de agua embalsada.
En la página 239 del documento de la España Vaciada terminan de afinar la propuesta, planteando "un plan de compensación para los municipios afectados por embalses e infraestructuras hidráulicas, de manera que todos los afectados reciban las correspondientes medidas compensatorias, hacia los ayuntamientos locales, por afectación en el uso de terreno público municipal, y a los habitantes, a través de una cuota de electricidad reducida o a través de nuevos mecanismos que contempla la fiscalidad ambiental”. También se considera "de vital utilidad" la recuperación de las centrales minihidráulicas "en beneficio del mundo rural", coordinando a las administraciones implicadas.
Esto va en la línea de lo señalado por la Federación de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses (Femembalses), que exige aprovechar la caducidad de estas concesiones para revisar las condiciones antes de la futura nueva subasta. "Y dar voz a los territorios", como reclamaron en una reunión de hace unas semanas con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la que estuvo el vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández. Según explicaron desde la federación, el Gobierno trabaja junto a las confederaciones hidrográficas y la Secretaría de Estado de Energía en una hoja de ruta para las concesiones extinguidas en el que contarán con la Secretaría de Reto Demográfico. Pero de momento, no ha trascendido nada más.
La situación de Ourense
La minicentral de Castadón es la primera que el Estado revierte en Ourense. La CHMS anunció en marzo que la volverá a sacar a concurso y pedirá una indemnización a Endesa -que pretendía seguir hasta el 2061- por continuar explotándola en precario desde el fin de la concesión en 2018. La actuación da tres pistas: el Estado descarta las gestiones directas, marca cierto perfil ante las hidroelectricas y la falta de un plan común acaba ralentizando los trámites. Femembalses lo resume como “una serie de disfunciones en el proceso de reversión” que debe solucionar el Gobierno con un "nuevo modelo de gestión y explotación de las infraestructuras hidroeléctricas".
Porque con el foco en el reequilibrio territorial de España, lo que está aquí en juego es precisamente nivelar el terreno y evitar más nubarrones después de que el Supremo exigiese hace solo unos días a Hacienda devolver lo recaudado por el canon hidráulico en 2013 y 2014 -en Ourense, unos 50 millones anuales- al no encajar la retroactividad del impuesto implantado en 2015. Ahora, mientras ven cómo no se avanzan en los planes de compensación, los municipos con infraestructuras hidroeléctricas con concesiones caducadas alertan que los retrasos en recuperar la titularidad pública suponen que las empresas dejen hasta de pagar el IAE -junto al IBI y el canon autonómico (12 millones al año) lo que queda en Galicia -. Y todo con embalses y centrales amortizados hace décadas y que tras esas polémicas prórrogas en Ourense cuentan con una concesión media de 91 años, 16 más que lo fijado como tope por la ley.
Freno a los “beneficios caídos del cielo"
Hay un movimiento en paralelo que puede alterar el panorama. El Ministerio para la Transición Ecológica lleva este martes al Consejo de Ministros un anteproyecto de ley para acotar los conocidos como "beneficios caídos del cielo" de las compañías eléctricas. Este margen, cifrado en hasta 1.000 millones al año, es el exceso de retribución conseguido por estas empresas a través de embalses, centrales hidráulicas y plantas nucleares ya amortizadas -gracias en muchos casos a esas concesiones centenarias que padece Ourense- y ha vuelto a la actualidad tras la escalada de precios que ha situado a la electricidad en máximos.
Acabar con estos beneficios "extra" es una vieja batalla: el PSOE en la oposición ya lo abordó en un comité liderado por la ahora vicepresidenta Teresa Ribera, se encontraba entre los acuerdos del pacto con Podemos en 2019 y también en la Agenda 2030 impulsada por Pablo Iglesias.
Según lo publicado ayer por El País y El Mundo, la propuesta afectaría a las instalaciones previas a 2004 con más de 10 megavatios de potencia: en Ourense limitaría los beneficios de los 13 grandes embalses, todos en manos de Iberdrola, Naturgy y Endesa.
Las cifras | Embalses: un expolio
95% - De 2.200 mv instalados en los ríos , el porcentaje que controla Iberdrola, Naturgy y Endesa.
12 de 13 - Los embalses con concesiones que superan gracias a discutidas prórrogas los 75 años marcados por la ley. Los 13 estarían afectados por esa ley contra los "beneficios caídos del cielo".
15 - Embalses y minicentrales que caducarán su concesión en 25 años en esta provincia.
3 años - Lo que tardó la CHMS en revertir la minicentral de Castadón.
