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El Estado ha recuperado por primera vez el uso de una central hidroeléctrica y su concesión en la provincia de Ourense, la minicentral de Castadón, pero volverá a sacarla a concurso descartando por tanto quedarse con su gestión. En el horizonte, hay una quincena de concesiones de embalses gestadas en el franquismo que caducarán en los próximos 25 años, de las cuales 6 lo harán en los próximos 15. Para ellas, lo que sucede en la presa de Pereiro marca el horizonte.
La decisión tomada por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) en Castadón, una minicentral que llevaba más de tres años con la concesión caducada, es trascendente, ya que echa por tierra las pretensiones de las hidroeléctricas y abre una vía para reclamar indemnizaciones.
Por un lado, según se desprende de la documentación del expediente de extinción al que tuvo acceso este periódico, Endesa pretendía que su concesión en Castadón se extendiera hasta 2061 por entender que se había concedido "a perpetuidad", tal y como reflejaron en las alegaciones a la extinción realizadas en 2019.
Por otro, el organismo de cuenca no solo rechazó estas alegaciones de la empresa, sino que en el expediente de extinción destaca que pedirá indemnizaciones: "Deberá considerarse el periodo comprendido entre el 16 de diciembre de 2017 y la fecha de resolución de este expediente a efectos de valorar el beneficio económico obtenido por el titular como consecuencia del aprovechamiento incurso en causa de extinción por finalización del plazo concesional, reservándose la Administración las acciones que procedan".
La decisión del organismo de cuenca de ignorar estas intenciones y plantear pedir una indemnización sigue los pasos ya marcados por la Confederación Hidrográfica del Ebro, que recuperó cuatro centrales y logró de Endesa una indemnización de 30 millones por estar 11 años beneficiándose en precario de un salto .
Más cerca, la demarcación hidrográfica Galicia Costa que gestiona directamente la Xunta también marcó antes el camino que ahora toma la CHMS, inclinándose por la gestión indirecta: tras vetar las nuevas concesiones con el Plan Hidrolóxico ahora tramita la recuperación de cinco minicentrales para subastarlas.
Lo más probable es, por tanto, que las 16 concesiones hidroeléctricas que caducarán en los próximos 25 años en la provincia sean también revertidas al Estado para después sacarlas a concurso y no caer en prórrogas arbitrarias como las realizadas en el pasado.
Los colectivos ecologistas critican que el Estado no se quede con las concesiones y derribe las centrales, ya que hablan de "sobreexplotación" de los ríos, al tiempo que reclaman que en caso de continuar con la actividad se gestionen con empresas públicas para revertir su beneficio en los territorios donde se asientan. Un extremo que parece que no se cumplirá.
Sin embargo, sí que está en manos del Gobierno cumplir parte de las pretensiones de la Federación Española de Municipios con Embalses, que ha pedido recientemente que se aproveche la caducidad de estas concesiones para revisar las condiciones en las que se adjudica la gestión y se dé voz a los territorios en los que se asientan.
El Estado tiene la oportunidad así de evitar lo sucedido hasta ahora, donde los beneficios que han dejado estas presas en las poblaciones donde se asientan es más bien insignificante. Castadón marcará el camino, pero queda mucho por recorrer.
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