La política protesta parece haberse instalado en el Concello de la ciudad. Si el miércoles la oposición irrumpía en una rueda de prensa de la concejala socialista Áurea Soto, ayer cuatro ediles del PP optaron por no moverse de la sala de juntas del edificio de Urbanismo hasta que la responsable del área, la propia Soto, les dejase ver dos expedientes que habían solicitado y que el alcalde les había dado permiso para consultar. Allí permanecieron dos horas, el tiempo que tardaron en poner a su disposición la documentación.
Los populares argumentan que no tenían otra opción, toda vez que el alcalde les había emplazado por escrito para ver los expedientes que solicitaban -sobre la Casa da Maxia y la compatibilidad de una funcionaria- en la 'xunta de área de Urbanismo que terá lugar o xoves 30 de xaneiro'. Sin embargo, la concejala de Urbanismo les conminó a que fueran al servicio de Contratación a consultar el expediente de la Casa da Maxia, mientras que el de la compatibilidad se encontraba en la sede de Urbanismo.
Los concejales Rosendo Fernández, Aurelio Gómez Villar -ambos son los que habitualmente asisten a las juntas de área de Urbanismo-, Belén Iglesias y José Luis Valcarce (estos dos últimos son los que habían pedido acceso a la documentación) permanecieron en el edificio no sólo durante la reunión con los miembros de gobierno y oposición sino hasta que la concejala Áurea Soto les proporcionó los expedientes, en torno a las dos de la tarde, dos horas después de su llegada. 'Non pode ser que a concelleira de Urbanismo convoque para un día e unha hora e despois nos diga que non nolos dará', explicó Rosendo Fernández a la salida, y aseguró que les entregaron la documentación después de 'movilizar a todo o persoal'.
Por su parte, Soto entiende que en la junta de área 'es donde se les iba a decir a los concejales qué día y dónde podían consultar los expedientes', por lo que asegura que la próxima vez que se responda a una solicitud de estas características 'se hará de forma más clara'.
Los populares llevan también al juzgado las asistencias técnicas
El grupo municipal del PP también se personó ayer como acusación en la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 1 sobre la contratación de asistencias técnicas externas en el Concello de la ciudad. La causa se abrió a raíz de una denuncia conjunta de los sindicatos USO y CIG, el pasado octubre, que ratificaron el 9 de enero en el juzgado.
Según explicó ayer el portavoz popular, Rosendo Fernández, el PP se persona para 'dar a coñecer ó xuíz novos e máis feitos relacionados coas asistencias técnicas'. Así, Fernández detalló que 'tras as sentenzas que causaron a contratación indefinida de ata cinco persoas, o alcalde e a concelleira de Urbanismo realizaron unha nova asistencia técnica nesta materia por un importe mensual periódico de 2.057 euros, co correspondente reparo da intervención municipal'.
Entre la documentación que el PP municipal aportó al juez se encuentran los datos de que, desde 2007, el Concello pagó 151.111 euros al despacho del abogado Carlos Hernández, a pesar de contar en plantilla con 'un asesor xurídico, un asesor xurídico adxunto, un viceasesor, un letrado xefe e dous letrados asesores', aseguró Fernández. Los populares llaman la atención sobre el hecho de que Hernández fue el primer abogado que asistió al exalcalde, Francisco Rodríguez, tras su detención en el marco de la operación Pokemon.
Otro de los hechos que denuncian es que desde 2008, el Concello encargó la redacción de instrumentos urbanísticos a la misma empresa, 'Fernández Carballada y asesores', por los que abonó, según el PP, 249.000 euros. '
Los populares argumentan que no tenían otra opción, toda vez que el alcalde les había emplazado por escrito para ver los expedientes que solicitaban -sobre la Casa da Maxia y la compatibilidad de una funcionaria- en la 'xunta de área de Urbanismo que terá lugar o xoves 30 de xaneiro'. Sin embargo, la concejala de Urbanismo les conminó a que fueran al servicio de Contratación a consultar el expediente de la Casa da Maxia, mientras que el de la compatibilidad se encontraba en la sede de Urbanismo.
Los concejales Rosendo Fernández, Aurelio Gómez Villar -ambos son los que habitualmente asisten a las juntas de área de Urbanismo-, Belén Iglesias y José Luis Valcarce (estos dos últimos son los que habían pedido acceso a la documentación) permanecieron en el edificio no sólo durante la reunión con los miembros de gobierno y oposición sino hasta que la concejala Áurea Soto les proporcionó los expedientes, en torno a las dos de la tarde, dos horas después de su llegada. 'Non pode ser que a concelleira de Urbanismo convoque para un día e unha hora e despois nos diga que non nolos dará', explicó Rosendo Fernández a la salida, y aseguró que les entregaron la documentación después de 'movilizar a todo o persoal'.
Por su parte, Soto entiende que en la junta de área 'es donde se les iba a decir a los concejales qué día y dónde podían consultar los expedientes', por lo que asegura que la próxima vez que se responda a una solicitud de estas características 'se hará de forma más clara'.
Los populares llevan también al juzgado las asistencias técnicas
El grupo municipal del PP también se personó ayer como acusación en la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 1 sobre la contratación de asistencias técnicas externas en el Concello de la ciudad. La causa se abrió a raíz de una denuncia conjunta de los sindicatos USO y CIG, el pasado octubre, que ratificaron el 9 de enero en el juzgado.
Según explicó ayer el portavoz popular, Rosendo Fernández, el PP se persona para 'dar a coñecer ó xuíz novos e máis feitos relacionados coas asistencias técnicas'. Así, Fernández detalló que 'tras as sentenzas que causaron a contratación indefinida de ata cinco persoas, o alcalde e a concelleira de Urbanismo realizaron unha nova asistencia técnica nesta materia por un importe mensual periódico de 2.057 euros, co correspondente reparo da intervención municipal'.
Entre la documentación que el PP municipal aportó al juez se encuentran los datos de que, desde 2007, el Concello pagó 151.111 euros al despacho del abogado Carlos Hernández, a pesar de contar en plantilla con 'un asesor xurídico, un asesor xurídico adxunto, un viceasesor, un letrado xefe e dous letrados asesores', aseguró Fernández. Los populares llaman la atención sobre el hecho de que Hernández fue el primer abogado que asistió al exalcalde, Francisco Rodríguez, tras su detención en el marco de la operación Pokemon.
Otro de los hechos que denuncian es que desde 2008, el Concello encargó la redacción de instrumentos urbanísticos a la misma empresa, 'Fernández Carballada y asesores', por los que abonó, según el PP, 249.000 euros. '
