El contro judicial en los geriátricos derivó en casi un millar de informes psiquiátricos por parte de los forenses en 2013.
El Juzgado de Familia de la ciudad terminó el año 2013 con 1.754 asuntos ingresados, 800 más que cualquiera de los otros cinco juzgados de instancia, según la media facilitada por el Consejo General del Poder Judicial (948 demandas al año).
Su mayor volumen de trabajo viene derivado, en parte, según reconoce la titular de Instancia 6, Laura Guede, del trabajo que le llega desde los centros de la tercera edad tanto en forma de autos que resuelven internamientos (determinan estancias forzosas en lugares asistenciales cuando no se puede decidir por uno mismo) como de sentencias de incapacitación (el juzgado debe designar curador o tutor que tome decisiones para así proteger a la persona). Precisamente, ese este el órgano judicial que resuelve para todo el partido judicial de Ourense los internamientos y las declaraciones de incapacidad de los moradores de los geriátricos. Y sólo en la ciudad, sin tener en cuenta los concellos limítrofes, Guede supervisa 15 centros. El pasado jueves, por ejemplo, la comisión judicial de la que forma parte culminó la jornada con 25 personas entrevistadas en la residencia de A Farixa ya que espera a acumular varios expedientes para hacer la visita y examinar a todos los pacientes en una misma mañana.
Según explica la magistrada, el punto de inflexión lo marcó la circular de la Fiscalía de 2012 para controlar con mayor precisión y regularizar la situación en la qué se encontraban los ancianos en los geriátricos. "Y en Ourense, además de muchos mayores -casi 17.000 personas con más de 85 años- hay muchas residencias", añade la jueza.
Los forenses de la delegación del Instituto de Medicina Legal (Imelga) en Ourense integran el colectivo que lleva los números a la hora de realizar informes de incapacidad de personas con deterioro cognitivo (demencia senil principalmente). El pasado año, por ejemplo, emitieron 980, correspondientes en su mayoría a personas de edad avanzada, lo que significa que los forenses de la provincia están promoviendo la incapacitación de más de dos personas al día al considerar que su deterioro mental hace necesario el nombramiento de un tutor que tome las decisiones.
La provincia es la primera vez que roza el millar de incapacidades en sólo un año, teniendo en cuenta que en 2008 fueron 306. En 2011, ya se habían alcanzado las 468 y 546 al año siguiente.
La declaración de incapacidad suele llevar pareja las restricciones a la hora de ejercer derechos como el voto, firma de documentos o compra de bienes.
Por su parte, en la Fiscalía tienen claro que el mayor número de incapacidades es derivado de un claro "envejecimiento de la sociedad ourensana". De hecho, los fiscales tramitaron el pasado año cerca de 500 diligencias informativas frente a los 487 expedientes de 2012. Incluso en este colectivo ya hay voces que creen que la plantilla de forenses precisa un médico especializado en psicogeriatría dado el ensanchamiento que dibuja la pirámide poblacional de la provincia en sus peldaños más altos.
