El interventor municipal, Gonzalo Alonso, detecta 'eivas' en el anexo de inversiones de los presupuestos del Concello de Ourense, debido a la 'indefinición dalgunha das partidas' y a la falta de información que traslada a los miembros de la Corporación 'para o exercicio lexítimo dos seus dereitos como representantes políticos do Concello'.
Así lo asegura en un informe realizado a petición del grupo municipal del PP, que alertó de la inclusión en este apartado de partidas genéricas -como 'actuacións urbanísticas e rehabilitacións ARIS'- por una cuantía total de 2,7 millones de euros. El portavoz del PP, Rosendo Fernández, había pedido en el pleno de la semana pasada dejar fuera de debate la aprobación inicial de los presupuestos hasta que no estuviese redactado este informe, solicitud que no fue atendida a pesar de que al ser pedido por .
Ahora, PP y grupo de gobierno discrepan sobre la relevancia de las conclusiones del interventor. Mientras el primero considera que 'certifica a ilegalidade' del documento, el segundo reitera que 'os orzamentos son totalmente legais', recordando que así lo indicaba el documento fiscalizador de la Intervención municipal que ya acompaña a los presupuestos.
ALEGACIONES
Así las cosas, Rosendo Fernández considera que el gobierno municipal debería 'presentar as oportunas alegacións para correxir estas eivas legais. De non ser así, no grupo municipal do PP verémonos na obriga de tomar as decisións que consideremos necesarias para repoñer a legalidade neste expediente'. Además, entiende que el informe avala su tesis de que 'o bipartito obstaculiza por enésima vez o dereito á información que ampara ós concelleiros'.
Mientras, el gobierno municipal reconoce que el informe realiza 'certas apreciacións' sobre los presupuestos pero 'en ningún caso desautoriza ó informe de fiscalización realizado pola propia Intervención municipal, favorable á aprobación dos orzamentos, que acompañou ó expediente aprobado polo pleno'. Además, recuerda que la existencia de partidas genéricas 'é práctica habitual nos orzamentos de calquera administración, dado que é imposible definir con total concreción a totalidade dos gastos que se van realizar ó longo dun ano en actuacións de reparacións de rúas, en parques, etcétera'.
Con todo, el interventor municipal cita una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que anula los presupuestos de la ciudad de Melilla, y que recoge como motivo de impugnación 'la falta de indicación y explicación de contenido mínimo exigible en el anexo de inversiones, que denota su falta de motivación y la imposibilidad de su control por terceros'. La causa de impugnación es que esta situación 'impide el adecuado control (a los concejales) de las inversiones presupuestadas, no que las mismas sean incorrectas, desviadas o desajustadas'.
Ahora, PP y grupo de gobierno discrepan sobre la relevancia de las conclusiones del interventor. Mientras el primero considera que 'certifica a ilegalidade' del documento, el segundo reitera que 'os orzamentos son totalmente legais', recordando que así lo indicaba el documento fiscalizador de la Intervención municipal que ya acompaña a los presupuestos.
ALEGACIONES
Así las cosas, Rosendo Fernández considera que el gobierno municipal debería 'presentar as oportunas alegacións para correxir estas eivas legais. De non ser así, no grupo municipal do PP verémonos na obriga de tomar as decisións que consideremos necesarias para repoñer a legalidade neste expediente'. Además, entiende que el informe avala su tesis de que 'o bipartito obstaculiza por enésima vez o dereito á información que ampara ós concelleiros'.
Mientras, el gobierno municipal reconoce que el informe realiza 'certas apreciacións' sobre los presupuestos pero 'en ningún caso desautoriza ó informe de fiscalización realizado pola propia Intervención municipal, favorable á aprobación dos orzamentos, que acompañou ó expediente aprobado polo pleno'. Además, recuerda que la existencia de partidas genéricas 'é práctica habitual nos orzamentos de calquera administración, dado que é imposible definir con total concreción a totalidade dos gastos que se van realizar ó longo dun ano en actuacións de reparacións de rúas, en parques, etcétera'.
Con todo, el interventor municipal cita una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que anula los presupuestos de la ciudad de Melilla, y que recoge como motivo de impugnación 'la falta de indicación y explicación de contenido mínimo exigible en el anexo de inversiones, que denota su falta de motivación y la imposibilidad de su control por terceros'. La causa de impugnación es que esta situación 'impide el adecuado control (a los concejales) de las inversiones presupuestadas, no que las mismas sean incorrectas, desviadas o desajustadas'.
