El juicio del 10% acaba con un informe que avala la exención

El juicio por las exenciones urbanísticas en el Concello de Ourense entre 1997 y 2003 llegó a su fin en una jornada en la que hubo alusiones legislativas, sociales e incluso afectivas, estas últimas en el derecho a la última palabra del exalcalde Manuel Cabezas y del exedil de Urbanismo Ricardo Campo Labrador, ambos acusados de prevaricación por omisión en concurso con malversación de caudales. Tampoco faltaron las frases lapidarias para coronar la exposición final de las acusaciones y abogados defensores. Pero antes de los alegatos, el abogado Alfredo Cerezales, con amplia experiencia en urbanismo en distintos concellos, compareció como perito de la defensa tras haber examinado los documentos del pleito. Las 50 páginas de su informe daban oxígeno a la defensa. En los expedientes alusivos a los 15 proyectos de compensación en suelo urbano no consolidado en los que no se cedió el 10% “constan informes favorables y propuestas de aprobación inicial y definitiva emitidos por funcionarios municipales -secretario general, oficial mayor y técnicos-”. Y ello, recordó, porque se aplicaba el acuerdo plenario de diciembre de 1994 -cuando gobernaba el PSOE-, a propuesta del secretario Mariano Rodríguez. El interventor tampoco formuló reparos. “No consta en ninguno de los expedientes informe alguno que contenga propuesta desfavorable a la aprobación”, explicó. En su examen, concluye que “fueron aprobados por unanimidad de los órganos colegiados competentes (…), conforme a la propuesta de resolución”. De hecho, añadió, ninguno fue objeto de anulación o revisión por lo que, según el perito, “deben considerarse válidos”. El informe del Consello de Contas tampoco aprecia irregularidades ni propone acciones en cuanto a los actos de aprobación, ni advierte indicios de responsabilidad contable en relación a los 15 proyectos. Además, en ese informe no consta “que se haya realizado un análisis detallado de todos los ámbitos objeto de estudio” para determinar si era exigible el 10%. Cerezales aludió al reiterado criterio del secretario, posterior a la entrada en vigor de las leyes del suelo que establecen la cesión del aprovechamiento urbanístico a favor del Concello, de seguir con las exenciones hasta ser aprobado el Plan Xeral de 2003. La fiscal: “No son todos los que están” La fiscalía reiteró la petición de condena para los inculpados (siete años de cárcel, inhabilitación y millonarias indemnizaciones) por un delito de prevaricación por omisión en concurso con malversación de caudales públicos (también por omisión). Considera que ambos delinquieron a la hora de privar al patrimonio municipal de parcelas de suelo para edificar. “Aunque aquí no están todos los que son pero sí son los que están”, aseguró. Los responsabiliza de sacar adelante 15 proyectos sin materializar unas cesiones que se establecían en las leyes de suelo autonómica y estatal de 1997 y 1998. El acuerdo plenario de 1994 -destacó- “había dejado de tener validez”. “Se convirtió en un acuerdo contrario a la ley, no podía aplicarse y los acusados lo sabían”, mantuvo. Y no comulga con la versión de los imputados: “Pretender decir que no sabían que se contravenía la ley es una excusa de mal pagador”. “Si pretenden escabullirse echando la culpa al secretario (ya fallecido) lo tienen difícil (...); la legalidad vincula a todos los ciudadanos, sobre todo a los políticos cuando toman decisiones arbitrarias y comenten un abuso de poder que nos causa un gran prejuicio”, aseguró Carmen Eiró. La acusación popular que ejerce la denunciante, la exedil del PSOE Aurea Soto, puso el acento en los perjuicios ocasionados con la no cesión, “privando a la ciudad de vivienda pública”. Para la letrada Elena Díaz, “hubo un incumplimiento flagrante y clamoroso de todas las normas, incluida la Constitución”. Y responsabilizó a los acusados: “Las leyes otorgan capacidad de fiscalización a los poderes públicos electos, si no gobernarían los funcionarios”. La defensa: “Había informes favorables” Los letrados de la defensa coinciden en varios de sus argumentos: los 15 proyectos fueron aprobados con propuestas a favor de los técnicos y amparados por un acuerdo plenario que no fue derogado (el de 1994) “y no es nulo”. El abogado de Manuel Cabezas, José Fernández, comenzó su alegato poniendo el foco en “los siete años de calvario judicial por hechos ocurridos hace un cuarto de siglo”. Recalcó con ironía que, “aunque la palabra les cause urticaria”, los proyectos salieron adelante con informes “fa-vo-ra-bles” (pronunció la palabra por sílabas). Y, según matizó, “si se imponía el criterio del secretario entre los técnicos será algo que tengan que resolver ellos y no los políticos”. También puso sobre el tapete el hecho de que el Concello no esté personado para recuperar el perjuicio económico (valorado por las acusaciones en 1,6 millones). El abogado mentó a Antonio Machado para recordar que “la verdad es lo que es y sigue siendo la verdad aunque se piense al revés”. Jorge Temes, el abogado de Campo Labrador, habló de “imputación selectiva” y minimizó el papel de su cliente a “una especie de recadero que llevaba a la comisión de gobierno los informes cuando estaban completos”. Para el letrado, la arbitrariedad que exige la prevaricación no se da en este caso, máxime en un contexto “con criterios jurídicos diferentes”. En el turno final de los inculpados, Cabezas aludió al coste personal que le ha supuesto este proceso. Campo Labrador, por su parte, habló de “aberración” a la hora de referirse a su imputación. “No sé si lo aguantaré y me va a doler mucho”, concluyó.