Entre los cuatro acusados se encuentra una conocida abogada de Verín
El Juzgado de lo Penal 1 ha reservado la semana del 29 al dos febrero para juzgar a los supuestos integrantes de un grupo criminal organizado –así lo estima la fiscal–, que se beneficiaba regularizando de forma fraudulenta a extranjeros que residían en Ourense de forma ilegal. Un caso, en el que se investigaron 35 parejas de hecho entre foráneos y españoles formalizadas entre enero de 2011 y agosto de 2012, que llega a juicio cinco años después.
La fiscal reclama para Elena D.T., una conocida abogada de Verín, Francisco Javier S.F., Kirsy Disneidy C.C. y Faustino P.C. cuatro años de prisión para cada uno y multa de 12 meses a razón de 15 euros al día por los delitos de falsedad en documento oficial y pertenencia a grupo criminal.
Según la operativa descrita por la acusación pública, los cuatro tenían repartidas una serie de funciones que iban desde la captación de la potencial clientela (extranjeras en situación irregular) a la búqueda de personas que pasaban por apuros económicos a las que se les entregaban cantidades que oscilaban entre los 1.500 y 3.000 euros a cambio de que se incribieran como parejas de hecho con mujeres sudamericanas. Estos últimos quedaron al margen del procedimiento penal.
Una vez captados los nacionales, la fiscal sostiene que se les daba instrucciones para que se empadronasen para posteriormente solicitar la correspondiente solicitud de residencia en la Subdelegación del Gobierno y así obtener la tarjeta de familiar de residente comunitario.
La fiscalía atribuye a cada uno de los acusados un papel en la trama. Así, mantiene que Elena D.T., en su condición de abogada, "tramitaba el papeleo y daba instrucciones precisas sobre la conducta que debían llevar las parejas, colaborando en la presentación de las mismas".
A Francisco Javier S.F., Kirsy Disneidy C.C. y Faustino P.C. asumían -esgrime la acusación- la función de captación de los españoles así como de las extranjeras para ofrecerles sus servicios, asegurándoles que todo el proceso era legal.
La mayor parte de las extranjeras eran dominicanas que carecían de medios de vida ya que entraron a España como turistas o campo a través. La supuesta trama las captaba en clubes de alterne o en el despacho de abogados cuando solicitaban otros servicios jurídicos.
La letrada se defiende: solo asesoraba
La letrada en sus declaraciones judiciales se desvinculó de la trama. Según su versión, en el ejercicio de la abogacía, se limita a asesorar a personas que demandan sus servicios ( cómo inscribirse como pareja de hecho, por ejemplo) pero su función no es conocer la situación real de las personas que solicitan sus servicios.
