El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, consigue aprobar -sin debate en el pleno- la polémica modificación presupuestaria que le permitirá gastar 62,6 millones de euros en un paquete de inversiones diseñado de manera unilateral -lo rechazó la corporación municipal el pasado 9 de julio- y que contempla la mayor partida para escaleras mecánicas y autobuses urbanos y reserva solo un 2% para la tocada área social. La oposición ya se plantea la vía judicial porque duda de la base legal del procedimiento, sin precedentes en la historia del Concello por la magnitud de la cuantía aprobada y por su vinculación a una cuestión de confianza a Jácome que sólo apoyó Ciudadanos. Pero mientras los plazos judiciales pueden dilatarse, el regidor ourensano tiene barra libre para gastar el dinero en autobuses o radares desde hoy: se lo permite la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de ayer que avala la posibilidad de movilizar estos recursos a su antojo. Un edicto que, por otra parte, firma su número dos, Armando Ojea.
El polémico informe
La operación gestada por Jácome y que podría acabar en los juzgados -ya ocurrió con los presupuestos de 2020, cuyo capítulo de Personal fue anulado- habría encontrado amparo legal en un informe encargado personalmente por el alcalde a la Asesoría Jurídica para asegurarse que puede disponer del dinero sin pasar por el debate en el pleno. BNG y PSOE reiteraron ayer la petición de acceso a este documento, para comprobar si el Concello de Ourense tiene realmente las competencias para aprobar definitivamente una modificación presupuestaria de tales magnitudes sin pasar por las negociaciones en el pleno.
La opinión del asesor
El informe jurídico, al que ha tenido acceso este periódico, entiende que carecería de objeto la cuestión de confianza al alcalde si al final hay que someterla al pleno nuevamente, ya que seguiría existiendo bloqueo al no contar Jácome con apoyo mayoritario, ni siquiera con el regreso del PP al gobierno. “O que procedería sería entender aprobado definitivamente o orzamento, porque a solución contraria vai conducir a que estes non sexan finalmente aprobados e a unha nova situación de bloqueo”, firma el asesor jurídico. Con todo, el documento reconoce que “non pode obviarse que o Tribunal Supremo tense pronunciado en contra” y hace referencia a una sentencia de 2015 a la que, precisamente, apela el BNG para defender la posible ilegalidad del trámite.
La oposición
“Cremos que a macromodificación de Jácome non pode executarse e o proceder do bigoberno perverte a democracia institucional”, dicen los socialistas, que tachan a Jácome de “instaurar unha ditadura” en el Concello, “amordazando o pleno” para sacar adelante su “orzamento en B”. El BNG cuestiona el procedimiento, una modificación de crédito que “contén contías e proxectos de dubidosa viabilidade e que non responden á urxente necesidade á que alude continuamente o actual alcalde e que dilapida boa parte do remanente de tesourería”. El portavoz nacionalista, Luis Seara, entiende que se están “furtando competencias propias do pleno” y el grupo ya estudia con los asesores jurídicos la vá contencioso-administrativa.
El PP, que se abstuvo en su día en la moción de confianza al alcalde con el objetivo de no “bloquear” la ciudad, dice ahora que el procedimiento “ha seguido sus pasos administrativos y entra en vigor con informes que lo avalan. El último fue solicitado por el jefe de gestión presupuestaria”.
José Araújo (Cs) reafirma su visto bueno a la modificación. “Non imos ser quen poñamos nin un só pau na roda para que haxa inversións, diso xa se encargan PSOE e BNG”. Miguel Caride, de los críticos, elude posicionarse sobre la legalidad del trámite -”son cuestiones técnicas”- y “desde la acción política, tiene su lógica que sea una aprobación definitiva. Lo importante es que hay proyectos interesantes para la ciudad”. Con todo, Caride mantiene la idea de que es una modificación “excesiva”.
Autobuses y escaleras, el grueso de la inversión
Los 62,6 millones de euros del expediente destinan partidas a diversas áreas municipales. La mayor inversión es para renovar la flota de autobuses urbanos (14 millones), seguida de los 10 millones destinados a proyectos de movilidad vertical (las famosas escaleras mecánicas, hasta ocho planteadas); dos millones para contenedores; cuatro para mejorar parques infantiles y otras partidas como la instalación de cámaras en el Casco Vello y radares para pacificar el tráfico. Además, el Concello de Ourense informa de otra partida de cuatro millones para “un plan de choque para o mantemento global da cidade”. Por otra parte, para entidades sociales como Cáritas se destinan 250.000 euros de la partida.
“Queremos devolver a la población un remanente de tesorería que estaba parado en el banco, no pintaba nada, y devolverlo en la forma de lo que tiene sentido: hacer obras y dar servicios”, dice el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome. “En unos meses la población notará que ese dinero que estaba en el banco pasa a estar en la ciudad”, añade.
