El miedo de las víctimas aborta una causa contra una red de prostitución

Las mafias especializadas en la trata de personas con fines de explotación sexual cuentan con un aliado incluso más potente que la necesidad económica y vulnerabilidad de muchas mujeres en sus países de origen: el miedo de la víctimas a las represalias de sus captores. Les cuesta dar el paso para denunciar a los grupos criminales que las explotan sexualmente, sobre todo si hay una deuda por medio y si finalmente lo hacen en muchas ocasiones, durante la tramitación del proceso judicial, acaban por no colaborar porque sufren coacciones. No en España, en donde hay mecanismos para protegerlas, sino en sus países de origen a través de terceros, sus familias. Así le consta a la fiscal delegada en Extranjería en Ourense, Pilar Manso, quien no duda en asegurar que este fenómeno lo ha detectado "en numerosas ocasiones" a lo largo de su carrera. Por esta razón, cree que deberían articularse "medida globales" para protegerlas cuando salen de España. Desde su experiencia, recuerda que, a veces, las amenazas proceden de los cuerpos y fuerzas de seguridad de sus propios países de origen "porque están comprados por las mafias". Precisamente, la falta de colaboración por las presuntas amenazas recibidas por sus familias en Venezuela ha abortado una importante investigación que estaba judicializada en Instrucción 1 tras la desarticulación por parte de la Policía Nacional de Ourense de un grupo criminal especializado en la explotación sexual de mujeres dentro de la llamada operación Ribereta. El juez titular, Leonardo Álvarez, sobreseyó el caso en el que estaban imputadas siete personas, detenidas en noviembre del pasado año. Seis de ellas estuvieron en prisión porque supuestamente captaban a las víctimas en Venezuela, mujeres muy jóvenes, pero con cargas familiares, con falsas promesas de trabajo y después las obligaban a prostituirse en pisos de la ciudad de As Burgas. La Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional había contado con la importante aportación de dos mujeres, a las que se les dio el estatus de testigos protegidas. El juzgado, de acuerdo con la fiscalía, había citado a las testigos en el mes de enero para tomarles declaración como prueba preconstituida por si decidían salir de España. Pero, según Pilar Manso, "no acudieron al señalamiento por miedo". Sus familias habían recibido amenazas, añade. Las dos mujeres que se habían decido a dar el primer paso habían relatado la situación de necesidad que las llevó a salir de su país. La organización, según ese testimonio, les financiaba la totalidad de los gastos del viaje por lo que adquirían una deuda que rondaba entre los 1.100 y los 1.800 euros y que debían saldar ejerciendo la prostitución en pisos de la calle Antonio Puga y Emilia Pardo Bazán. Allí eran controladas por los proxenetas. La fiscalía apoyó el archivo provisional porque se quedó sin pruebas, al no contar con la declaración de las víctimas, para sostener la acusación de cara a un juicio oral. En la operación habían sido detenidas siete personas, de las que tres hombres y tres mujeres llegaron a ingresar en prisión tras pasar a disposición del juez en calidad de investigados en delitos de pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos, tráfico de personas y relativo a la prostitución.