La mitad de las Administraciones de Lotería ourensanas secundaron ayer el paro convocado por las asociaciones nacionales del sector, en protesta por la liberalización del comercio de lotería que pretende introducir el Gobierno.
En concreto, de los 21 despachos de lotería que existen en la provincia, 11 permanecieron cerrados en la jornada de ayer, según los datos facilitados por Jorge Anta, presidente de la Asociación Provincial de Administraciones de Lotería.
No obstante, a pesar de que no todos los profesionales ourensanos de este sector permanecieron cerrados ayer, la mayoría de ellos sí respaldaban las reclamaciones del sector. 'Estoy totalmente de acuerdo, pero la vida está muy difícil', comentaba ayer una lotera que había abierto.
Los loteros explicaban ayer que se muestran en contra de los cambios que pretende realizar el Gobierno, que acaban con el sistema de concesión pública que existía hasta ahora para introducir un modelo de gestión a través de un contrato mercantil.
De este modo, los loteros indican que empresas privadas se pueden dedicar a la explotación del sistema de juego. Además, se va permitir la venta de la lotería nacional en otros establecimientos (bares, quioscos...), así como a través de máquinas y otros sistemas de comercialización, como pueden ser a través del móvil o incluso, en un futuro, por la televisión. Los loteros entienden que este sistema les va a perjudicar porque conllevará la pérdida de empleados e incluso el cierre de Administraciones de Lotería, pero aseguran también que va a perjudicar a todos los ciudadanos, ya que el juego suponía un aporte muy importante de recursos públicos al Estado, que no se van a generar con el nuevo sistema de gestión.
El nivel de seguimiento a nivel estatal fue también de un 50%, según los datos de la Asociación Anapal (entidad que integra a las asociaciones provinciales del sector), mientras el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado (Onlae) no ofreció datos al respecto.
Situación
La reforma del sistema de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), aprobada a través de dos disposiciones adicionales de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, establece que a partir del 1 de enero de 2010 la comercialización de este juego se regirá por las normas de derecho privado, con lo que se pasa de una relación administrativa a una basada en un contrato mercantil.
En todo caso, desde la Onlae sostienen que el actual régimen está sustentado en normas 'absurdas' del siglo pasado, tales como que los propietarios deben pedir permiso para tomar vacaciones o para cerrar un día y deben estar siempre presentes en el establecimiento. Este organismo añade que la reforma es necesaria por la legislación europea, así como que restará obligaciones y otorga derechos a los vendedores.
Entrega de una carta a la ministra de Hacienda
La jornada de huelga de ayer incluyó una concentración de representantes de administraciones de loterías frente al Ministerio de Hacienda para entregar a la ministra, Elena Salgado, una carta en la que exigen al Gobierno que paralice la reforma del sector y elabore una Ley de Juego Público que evite su 'privatización',. En la carta, los loteros solicitarin la creación de un órgano de participación y negociación en el que estén presentes sus representantes, porque 'no se puede privatizar un bien público' según los profesionales de Administraciones de Loterías.
No obstante, a pesar de que no todos los profesionales ourensanos de este sector permanecieron cerrados ayer, la mayoría de ellos sí respaldaban las reclamaciones del sector. 'Estoy totalmente de acuerdo, pero la vida está muy difícil', comentaba ayer una lotera que había abierto.
Los loteros explicaban ayer que se muestran en contra de los cambios que pretende realizar el Gobierno, que acaban con el sistema de concesión pública que existía hasta ahora para introducir un modelo de gestión a través de un contrato mercantil.
De este modo, los loteros indican que empresas privadas se pueden dedicar a la explotación del sistema de juego. Además, se va permitir la venta de la lotería nacional en otros establecimientos (bares, quioscos...), así como a través de máquinas y otros sistemas de comercialización, como pueden ser a través del móvil o incluso, en un futuro, por la televisión. Los loteros entienden que este sistema les va a perjudicar porque conllevará la pérdida de empleados e incluso el cierre de Administraciones de Lotería, pero aseguran también que va a perjudicar a todos los ciudadanos, ya que el juego suponía un aporte muy importante de recursos públicos al Estado, que no se van a generar con el nuevo sistema de gestión.
El nivel de seguimiento a nivel estatal fue también de un 50%, según los datos de la Asociación Anapal (entidad que integra a las asociaciones provinciales del sector), mientras el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado (Onlae) no ofreció datos al respecto.
Situación
La reforma del sistema de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), aprobada a través de dos disposiciones adicionales de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, establece que a partir del 1 de enero de 2010 la comercialización de este juego se regirá por las normas de derecho privado, con lo que se pasa de una relación administrativa a una basada en un contrato mercantil.
En todo caso, desde la Onlae sostienen que el actual régimen está sustentado en normas 'absurdas' del siglo pasado, tales como que los propietarios deben pedir permiso para tomar vacaciones o para cerrar un día y deben estar siempre presentes en el establecimiento. Este organismo añade que la reforma es necesaria por la legislación europea, así como que restará obligaciones y otorga derechos a los vendedores.
Entrega de una carta a la ministra de Hacienda
La jornada de huelga de ayer incluyó una concentración de representantes de administraciones de loterías frente al Ministerio de Hacienda para entregar a la ministra, Elena Salgado, una carta en la que exigen al Gobierno que paralice la reforma del sector y elabore una Ley de Juego Público que evite su 'privatización',. En la carta, los loteros solicitarin la creación de un órgano de participación y negociación en el que estén presentes sus representantes, porque 'no se puede privatizar un bien público' según los profesionales de Administraciones de Loterías.
