Los alumnos del Sexto Instituto seguirán sin usar los vestuarios del polideportivo durante un tiempo tras el accidente que le costó la vida a un estudiante de tercero de la ESO, Manuel F.M., e hirió en un pie a otro compañero a las 13.45 horas del miércoles. La dependencia masculina, en donde se desplomó el tabique de separación entre la zona de duchas y vestuario, fue precintada por orden judicial mientras que el vestuario femenino quedó también inutilizado por decisión de la Consellería de Educación a modo de precaución, aunque la inspección realizada ya en ese lugar no detectó anomalías.
Hasta la fecha, además del informe técnico aportado por el Servicio de Bomberos de Ourense, en el que se descartan deficiencias constructivas y se detalla la aplicación de una fuerza -no atribuida a nadie en particular- desde la zona de duchas que hizo colapsar hacia delante el tabique diseñado para la separación de ambientes, constan las declaraciones al grupo de UDEV de la Comisaría de un grupo de menores que estaba en el lugar de los hechos. Los estudiantes allí presentes explicaron a los investigadores que conocían el mal estado en el que se encontraba el tabique, pero no se lo dijeron a los profesores. Estas testificales confirman la versión del claustro: a los docentes no les constaba que el tabique de ladrillo, con mortero de cemento y arena, y alicatado con azulejo cerámico, se moviese o fuese inestable.
La investigación judicial sigue su curso para determinar si se trata de un accidente fortuito o hubo una acción negligente en el mantenimiento de las instalaciones, que en el caso de los centros de Secundaria, al contrario que en los de Primaria, no corresponde al Concello, como por error se informó en un primer momento.
Según precisó Educación en el día de ayer, “en los colegios la Xunta hace las intervenciones grandes, pero del mantenimiento se encargan los concellos”. En este caso, al ser un IES (ESO, Bachillerato y FP), la conservación es competencia del Gobierno gallego, aunque las pequeñas reparaciones las realizan los propios centros con el dinero transferido desde la Consellería.
Por otro lado, hay contactos con despachos de abogados por parte de la Confederación de Anpas Públicas de Galicia, que representa a más de 75.000 familias y en la que se integran cuatro federaciones provinciales (FAPA As Burgas entre ellas). Estudian medidas legales. José Antonio Álvarez Caride, presidente de la Federación de Anpas Públicas de Ourense (FAPA As Burgas), confirma que “estamos valorando con los abogados hasta qué punto nosotros podemos denunciar”.
“Que no vuelva a pasar”
Desde FAPA As Burgas contemplan si tomar medidas o no, “para ver si tenemos una acusación, si es que hay delito”. Aunque todavía son cautelosos y no garantizan que vayan a tomar acciones judiciales, sí están sobre la mesa anotaciones y hay reuniones para valorar la posibilidad de exigir responsabilidades por lo sucedido en el IES Julio Prieto Nespereira, donde otro menor resultó herido por la caída del tabique. “Vamos a estudiarlo porque, lógicamente, tenemos que pedir las máximas responsabilidades. Queremos que lo de Ourense no vuelva a pasar en ningún otro lado”. Según Caride, es la federación a nivel gallego la que está tratando el asunto.
En cuanto a las quejas sobre el supuesto mal estado del muro (algunos padres lo trasladaron así tras el suceso), desde FAPA Ourense niegan tener ningún tipo de conocimiento sobre quejas. Tampoco han recibido nuevas reclamaciones de otros centros públicos ourensanos tras lo ocurrido en el IES Julio Prieto Nespereira, aunque “seguramente las hay, pero, muchas veces, si las quejas no son por escrito, resulta un problema”.
Desde las Anpas Públicas de Ourense piden “más revisiones en los centros educativos, sin dudar de la profesionalidad de nadie, pero quizás podrían ser más continuadas en el tiempo”.
