Los juzgados gallegos comenzarán una huelga indefinida de funcionarios con paros diarios de tres horas a partir de este lunes. La convocatoria ha sido realizada por los sindicatos STAJ, UGT, CC.OO., CSIF y SPJ-USO en contra de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa en el sector público de la Justicia.
Esta nueva huelga, que llega semanas después del final de la llevada a cabo por los letrados de administración de justicia (LAJ), provocará paros parciales entre las 10,00 y las 13,00 horas de lunes a viernes con excepción del 19 de abril, jornada en la que los funcionarios están llamados a interrumpir su actividad durante todo el día.
En un comunicado, las organizaciones convocantes explican que los funcionarios demandan mejoras salariales y profesionales "en la misma línea" de las concedidas por el Ministerio de Justicia a los LAJ, que pusieron fin a su huelga tras pactar incrementos retributivos de entre 430 y 450 euros brutos en función de las distintas funciones y niveles.
Los paros irán acompañados de concentraciones ante los edificios judiciales de las siete ciudades gallegas, así como una "gran manifestación" en Madrid durante el día 19.
La convocatoria no cuenta con el respaldo de la CIG, que sí ha mostrado su respaldo a las movilizaciones en defensa de mejoras retributivas pero que decidió desmarcarse de los paros porque entiende que "todavía está muy reciente lo ocurrido en la huelga de 2018" que tuvo, para la central nacionalistas, "consecuencias nefastas".
Servicios mínimos
Los servicios mínimos establecidos por la Xunta incluyen un gestor o tramitador y un auxilio para las salas, registro y secretaría del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia; un gestor, un tramitador y un auxilio para cada una de las secciones penales y mixtas de las audiencias provinciales, en las que también deberán trabajar un gestor o tramitador por cada sección y un funcionario de auxilio por cada dos secciones o fracción.
En las oficinas de registro y reparto de las audiencias provinciales tendrán que operar durante los paros un gestor o tramitador y, a mayores, un auxilio judicial, mientras que los juzgados de guardia en toda la estructura judicial gallega deberán contar con la totalidad del personal habitual al tratarse de un servicio esencial.
Por su parte, en los registros civiles exclusivos operarán dos gestores o tramitadores para defunciones y otros tantos para el resto de las funciones. En primera instancia los servicios mínimos son de un gestor o tramitador por juzgado, y un auxilio para cada dos juzgados o fracción, un reparto similar al que deberán estar activo en aquellos con competencia en materia de familia y en registro civil.
En instrucción, los juzgados de guardia también están obligados a contar con todo su personal, mientras que el resto habrá, como mínimo, un gestor o tramitador para cada uno, un auxilio para cada dos juzgados o fracción.
Para Fiscalía, la Xunta determina que le corresponde un gestor o tramitador y un auxilio para la autonómica, otro tanto para las provinciales y las de áreas más un tramitadora para Menores. En las secciones territoriales del Ministerio Público deberá haber un funcionario.
