El Parlamento gallego aprobó ayer una iniciativa por unanimidad en la que insta a la Xunta a participar de modo activo en el concurso de acreedores de la empresa T-Solar para que la prioridad de la resolución sea el mantenimiento de la actividad de la fábrica y los puestos de trabajo. La comisión de Industria de la Cámara autonómica debatió sendas iniciativas del BNG y del PPdeG, que finalmente alcanzaron un acuerdo al que se sumaron PSdeG y AGE, para defender los 170 empleos y la continuidad de la planta de T-Solar en Ourense.
Los grupos instan a la Xunta a que realice las gestiones que estén en su mano para que apoye un proceso empresarial solvente y viable que garantice el futuro de la planta y el mantenimiento de los puestos de trabajo. Para ello, inciden, respetando el procedimiento establecido en la administración concursal, el Gobierno gallego tendrá que conocer directamente las ofertas para su análisis y hará partícipes de la información a los trabajadores.
El Parlamento también pide a la Xunta que continúe con su implicación en la tramitación del concurso de acreedores buscando viabilidad para la planta del parque tecnológico de Ourense y que emplee todas las vías a su alcance para reclamar las ayudas públicas otorgadas a T-Solar en las que hubiese incumplimiento de condiciones.
Los trabajadores de T-Solar finalizaron el jueves un encierro de 129 días en la fábrica tras una orden judicial. La planta está en concurso de acreedores tras una inversión superior a los 70 millones de euros, de los que más de 60 fueron ayudas y subvenciones públicas.
El Parlamento también pide a la Xunta que continúe con su implicación en la tramitación del concurso de acreedores buscando viabilidad para la planta del parque tecnológico de Ourense y que emplee todas las vías a su alcance para reclamar las ayudas públicas otorgadas a T-Solar en las que hubiese incumplimiento de condiciones.
Los trabajadores de T-Solar finalizaron el jueves un encierro de 129 días en la fábrica tras una orden judicial. La planta está en concurso de acreedores tras una inversión superior a los 70 millones de euros, de los que más de 60 fueron ayudas y subvenciones públicas.
