El proceso judicial seguido contra Javier Cruz González ha tenido que sortear en estos dos años varios contratiempos que han ido demorando la conclusión de la instrucción. Por un lado, la defensa se ha empeñado en repetidas ocasiones en solicitar pruebas que no han sido admitidas por la jueza y que han derivado en los consiguientes recursos de apelación. Entre otras, llegó a indagar en el historial médico de la víctima para intentar demostrar hasta que punto su delgadez pudo influir en su muerte.
Pero lejos de los argumentos que cada una de las partes, también han quedado al descubierto errores procesales. Así, el escrito de conclusiones provisionales del abogado del Estado -personado en el caso, no así en el crimen de Viana, para reclamar los gastos del operativo de búsqueda- no fue admitido por presentarse fuera de plazo. Este hecho, según fuentes jurídicas consultadas por este diario, tendrá consecuencias en tanto que no podrá formular su propia petición de condena sino que deberá adherirse a las propuestas del Ministerio Fiscal o en su caso la acusación particular tanto en la calificación jurídica de los hechos como en todo lo referido a la responsabilidad civil. Ninguna de estas dos últimas acusaciones incluye, a priori, resarcir al Estado por los gastos derivados de la búsqueda.
