Si hay una plaga que no preocupa a las autoridades competentes, ésa es la cartelería ilegal. Más allá de la ciudad, donde los carteles ensucian fachadas y mobiliario, los municipios limítrofes tampoco escapan a los pegotes de papel.
Basta con un trozo de papel y un poco de pegamento para infringir una ordenanza municipal con la seguridad de que las represalias serán nulas. Y aunque en municipios como el de la ciudad existe una ordenanza específica, en vigor desde el 9 de mayo de 1997, las autoridades competentes miran hacia otro lado. Mientras, las fachadas, calles y mobiliario urbano son pasto de un alarmante feísmo urbano provocado por la cartelería ilegal.
Un simple paseo por cualquier calle de la ciudad ilustra esta situación. Cuanto más transitada es la vía, mayor volumen de cartelería ilegal acumula. Es el caso de las calles del centro, como el Paseo, Juan XXIII o Curros Enríquez, por citar sólo tres ejemplos.
Esta plaga, sin embargo, se contagia a un ritmo vertiginoso. Zonas industriales como el polígono industrial de San Cibrao das Viñas sufren también sus efectos. No en vano, son miles las personas que circulan diariamente por sus calles, receptores involuntarios de esta publicidad ilegal y antiestética.
No obstante, la decidida inoperancia de los concellos provoca que sean incluso las propias instituciones municipales las que incurren en este tipo de infracción. En la ciudad, sin ir más lejos, los carteles de actos programados en las próximas fiestas comparten espacio ilegal con anuncios de academias, alquileres, ferias o compra-ventas de cualquier índole. Este doble rasero permite, en cierto modo, que quienes redactan las normas y deben aplicarlas no lo hagan para no tener que predicar con el ejemplo.
Multas inexistentes de hasta 3.000 euros
En el Concello de Ourense existe una normativa que establece multas de entre 750 y 3.000 euros para aquellos anunciantes que ensucian paredes, fachadas y mobiliario urbano con cartelería ilegal. Sin embargo, las arcas municipales no reciben ni un solo euro porque, simplemente, la normativa por estas infracciones urbanísticas no se aplica más allá de los avisos que realiza la Policía Local para instar al infractor a enmendar su error.
Un simple paseo por cualquier calle de la ciudad ilustra esta situación. Cuanto más transitada es la vía, mayor volumen de cartelería ilegal acumula. Es el caso de las calles del centro, como el Paseo, Juan XXIII o Curros Enríquez, por citar sólo tres ejemplos.
Esta plaga, sin embargo, se contagia a un ritmo vertiginoso. Zonas industriales como el polígono industrial de San Cibrao das Viñas sufren también sus efectos. No en vano, son miles las personas que circulan diariamente por sus calles, receptores involuntarios de esta publicidad ilegal y antiestética.
No obstante, la decidida inoperancia de los concellos provoca que sean incluso las propias instituciones municipales las que incurren en este tipo de infracción. En la ciudad, sin ir más lejos, los carteles de actos programados en las próximas fiestas comparten espacio ilegal con anuncios de academias, alquileres, ferias o compra-ventas de cualquier índole. Este doble rasero permite, en cierto modo, que quienes redactan las normas y deben aplicarlas no lo hagan para no tener que predicar con el ejemplo.
Multas inexistentes de hasta 3.000 euros
En el Concello de Ourense existe una normativa que establece multas de entre 750 y 3.000 euros para aquellos anunciantes que ensucian paredes, fachadas y mobiliario urbano con cartelería ilegal. Sin embargo, las arcas municipales no reciben ni un solo euro porque, simplemente, la normativa por estas infracciones urbanísticas no se aplica más allá de los avisos que realiza la Policía Local para instar al infractor a enmendar su error.
