La inseguridad jurídica, o no, de las juntas de gobierno en el Concello de Ourense, que las ediles críticas Susana Bayo y María Devesa pusieron en evidencia con el escrito de renuncia que presentaron al alcalde fue objeto de análisis ayer por el regidor y por el PP, que ya ha pedido una junta de portavoces ante lo que, considera, es una evidente alarma, temiendo que haya posibles acuerdos irregulares que después puedan repercutir en el Concello.
A preguntas de los periodistas en la visita a la futura Concejalía de Facenda, el alcalde precisó sobre el futuro de estas dos concejalas que al tratarse de una competencia del alcalde la designación de los miembros de este órgano, 'valoraremos nos próximos días e se tomará unha decisión' al respecto. Con todo, el regidor defendió la 'estricta legalidade' de la junta de gobierno, que en los últimos siete años adoptó 'cáseque 30.000 acordos' y recordó que 'estas concelleiras adoptaron por unanimidade miles destes acordos'. Asimismo, Agustín Fernández, afirmó que en caso de que alguien no esté de acuerdo con las decisiones de la junta de gobierno, 'pódese recurrir' por las personas o entidades que se consideren afectados.
Sin embargo, el portavoz del PP de Ourense, Rosendo Fernández, ha registrado ayer mismo en el Concello la petición de convocatoria 'urgente' de la junta de portavoces, precisamente por la alarma, dice, causada por las dos concejalas críticas. Recuerda que entre los argumentos dados por ambas ediles, se aludía a que la 'propia dinámica' de la actuación de la junta de gobierno -el órgano de ejecución del gobierno municipal que preside el alcalde y del que es secretaria Aurea Soto- supone 'una evidente inseguridad jurídica para sus miembros' con 'continuo riesgo de vulneración del ordenamiento jurídico'. También advertían de que 'no se comprueban los informes de los expedientes ni se debaten los puntos del orden del día', con el 'peligro evidente' que ello conlleva de 'incurrir en ilícitos penales'. Aunque, precisó el grupo de gobierno, ellas se referían a un solo caso concreto, relacionado con la información por parte del alcalde de la destitución de Rodríguez Penín de sus áreas de responsabilidad, asunto que llegó a junta de gobierno y figuró después como aprobado cuando, según ellas, no se votó.
Con todo, dice Rosendo Fernández que, a la vista de esta situación y a que en el marco de la crisis local socialista dos ediles renuncian a seguir en la junta de gobierno debido 'a la adopción de acuerdos sin votación' y a la existencia de 'peligro de delinquir', urge una reunión de portavoces.
El PP cree imprescindible la junta porque hay asuntos de relevancia social suficientes que aconsejan su convocatoria.
Sin embargo, el portavoz del PP de Ourense, Rosendo Fernández, ha registrado ayer mismo en el Concello la petición de convocatoria 'urgente' de la junta de portavoces, precisamente por la alarma, dice, causada por las dos concejalas críticas. Recuerda que entre los argumentos dados por ambas ediles, se aludía a que la 'propia dinámica' de la actuación de la junta de gobierno -el órgano de ejecución del gobierno municipal que preside el alcalde y del que es secretaria Aurea Soto- supone 'una evidente inseguridad jurídica para sus miembros' con 'continuo riesgo de vulneración del ordenamiento jurídico'. También advertían de que 'no se comprueban los informes de los expedientes ni se debaten los puntos del orden del día', con el 'peligro evidente' que ello conlleva de 'incurrir en ilícitos penales'. Aunque, precisó el grupo de gobierno, ellas se referían a un solo caso concreto, relacionado con la información por parte del alcalde de la destitución de Rodríguez Penín de sus áreas de responsabilidad, asunto que llegó a junta de gobierno y figuró después como aprobado cuando, según ellas, no se votó.
Con todo, dice Rosendo Fernández que, a la vista de esta situación y a que en el marco de la crisis local socialista dos ediles renuncian a seguir en la junta de gobierno debido 'a la adopción de acuerdos sin votación' y a la existencia de 'peligro de delinquir', urge una reunión de portavoces.
El PP cree imprescindible la junta porque hay asuntos de relevancia social suficientes que aconsejan su convocatoria.
