El Concello no mueve ficha ante la exención de pago de tasas en los aparcamientos de la empresa
El Concello de Ourense continúa estudiando la posibilidad de actuar ante el privilegio fiscal en los aparcamientos exclusivos de los que goza Correos a la entrada de cada una de las tres oficinas de la ciudad en las que presta servicio, aunque todavía no se ha movido ficha ni tomado ninguna decisión al respecto.
Varios meses después de que este periódico hiciese público que la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A esquivaba el pago de la tasa que le permite contar con un espacio de aparcamiento exclusivo en la rúa Parada Justel de 30 metros de longitud, así como otros dos en la entrada de sus oficinas en la avenida de Marín, en A Ponte; o la rúa Fernández Bordas, en A Carballeira, el Concello sigue pendiente de que los técnicos emitan el preceptivo informe.
La ordenanza municipal de tráfico establece la posibilidad de reservar en las calles un espacio a aquellos negocios como hoteles, colegios o centros médicos necesarios para facilitar su trabajo, similar a las zonas de cargas y descarga, pero de uso exclusivo para ellas.
Sin embargo, diversas sentencias, incluida una del Tribunal Supremo, dejan claro que Correos tiene la obligación de abonar los tributos y tasas municipales para los espacios habilitados para aparcar sus furgones y coches, para no otorgarle una "ventaja anticompetitiva" frente al resto de empresas que realizan una función similar, ya que el sector está liberalizado.
Fuentes municipales inciden en el hecho de que se ampliaron los aparcamientos de uso privado en Parada Justel y que se han delimitado los destinados para la empresa pública de servicio postal, aunque todavía no han realizado medidas algunas ante la exención tributaria de la que se beneficia la entidad. Además de las furgonetas amarillas de Correos, es habitual observar turismos normales.
Otras zonas, como los aparcamientos en la rúa Ramón Cabanillas a la altura de la Casa de Chocolate, para utilización de la Xunta, no está en discusión, y la concesión municipal a la Administración autonómica seguirá.
