La asociación recurre a los tribunales porque la considera 'lesiva' al incluir la Xunta determinados ámbitos privados

Los propietarios de fincas pleitean contra la ordenación urbanística

Vista panorámica de la ciudad, que tiene en vigor una ordenación provisional desde octubre. (Foto: JOSÉ PAZ)
La dirección xeral de Urbanismo se esperaba recursos contra la ordenación provisional que aprobó la Xunta y entró en vigor el pasado octubre para evitar la paralización del urbanismo en la ciudad mientras no hay un nuevo planeamiento; y la realidad parece darle la razón.
La Asociación de propietarios de fincas urbanas de Ourense ya ha comunicado a la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que presentará recurso contra el decreto que daba luz verde al documento, aunque sólo en 'lo relativo a la inclusión de 15 ámbitos privados'. En el escrito ya avanza el motivo de la impugnación. La asociación, tal y como ha reiterado en diversas ocasiones, considera el documento lesivo para sus asociados, ya que entienden que había ámbitos que se encontraban con la tramitación urbanística avanzada y que, sin embargo, no fueron incluidos en esta ordenación urbanística provisional.

Sin embargo, este recurso no es el único y desde diversas fuentes se apunta a que también algún particular relacionado con el sector de la construcción ultima un recurso contra el documento aprobado por la Xunta precisamente por la misma razón, la inclusión de determinados ámbitos privados.

En realidad, la incorporación a la ordenación de áreas de desarrollo promovidas por particulares fue la única discrepancia de fondo -a excepción de la exclusión del Campus, que el gobierno local pretendía incluir- entre el Concello y la Xunta a la hora de consensuar este documento, que suspende la vigencia del Plan de 1986 en 31 ámbitos para mantener la ordenación que contemplaba el de 2003, anulado definitivamente por el Supremo en marzo pasado. La Xunta decidió incluir 15 ámbitos privados que tenían en ese momento la gestión y la urbanización ya aprobadas. Ahora, particulares que consideran que tenían avanzada la tramitación urbanística se creen perjudicados por esta norma provisional.

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