El juez instructor Leonardo Alvarez confirmó formalmente ayer la admisión a trámite de la querella interpuesta contra el expresidente de la Diputación, José Luis Baltar, para investigar si pudiera 'haberse cometido un delito continuado de prevaricación por haber celebrado diversos contratos temporales prevaliéndose de su condición de presidente de la Diputación', tal y como refleja el auto del juez.
Por ello, serán finalmente 15 las personas -entre técnicos de la institución provincial y contratados- que a lo largo de esta semana serán citados, para declarar a partir de la próxima. El querellado, Baltar Pumar, será el último en prestar testimonio, probablemente ya en febrero.
Mientras, el actual presidente de la Diputación, Manuel Baltar, dijo en un acto público a los periodistas que el PSOE, que presentó en 2010 la denuncia, se ha 'especializado' en judicializar' la política; insistió en la presunción de inocencia de su padre y recordó que su partido había sido mucho más prudente cuando saltó la Operación Pokemon, que salpicó al alcalde socialista de la ciudad.
LOS CONTRATADOS DEL PSDEG
También el PP de Ourense, en una comparecencia del secretario provincial, Rosendo Fernández (por acuerdo del comité de dirección), con tres cargos públicos, se sumó a las reacciones pasando al contraataque. Fernández censuró especialmente 'o comportamento ruín e tendencioso do PSOE, que intenta sacar tallada por calquera motivo'. El popular aseguró que su partido podría 'presentar neste intre unha relación de centos de afiliados e simpatizantes doutras forzas políticas que traballan non só na Deputación senón tamén en concellos dirixidos por alcaldes socialistas'.
A pesar de que aseguró que 'o PP non entra nese xogo', dio una relación de familiares de cargos del PSOE contratados por administraciones o concesionarias de servicios, si bien ironizó con que, en todos estos suspuestos, 'supoño que (los contratos) foron feitos con publicidade, mérito e capacidade'. Enumeró al hijo del secretario provincial del PSOE y exalcalde de Castrelo do Val, Raúl Fernández, 'contratado como socorrista' en ese municipio, así como 'fillos de concelleiros socialistas de Castrelo que traballaron no Concello de Vilardevós cando o alcalde era socialista'.
Se refirió también al Concello de Ribadavia, gobernado por el PSOE, 'no que unha exconcelleira socialista traballa no servizo de limpeza do colexio' y familiares de 'un senador socialista', como un hijo, que 'traballou na Deputación da Coruña cando era gobernada por ese partido, despois no Concello de Ribadavia e máis tarde en Turismo no de Ourense'. Fernández aseguró que de los 104 contratos 'temporais' que se investigan, 42 fueron realizados antes del congreso del PP del 30 de enero de 2010. De estas personas 'só seis eran compromisarias nese congreso, dos 1.212 que había', señaló ?Fernández.
Mientras, el actual presidente de la Diputación, Manuel Baltar, dijo en un acto público a los periodistas que el PSOE, que presentó en 2010 la denuncia, se ha 'especializado' en judicializar' la política; insistió en la presunción de inocencia de su padre y recordó que su partido había sido mucho más prudente cuando saltó la Operación Pokemon, que salpicó al alcalde socialista de la ciudad.
LOS CONTRATADOS DEL PSDEG
También el PP de Ourense, en una comparecencia del secretario provincial, Rosendo Fernández (por acuerdo del comité de dirección), con tres cargos públicos, se sumó a las reacciones pasando al contraataque. Fernández censuró especialmente 'o comportamento ruín e tendencioso do PSOE, que intenta sacar tallada por calquera motivo'. El popular aseguró que su partido podría 'presentar neste intre unha relación de centos de afiliados e simpatizantes doutras forzas políticas que traballan non só na Deputación senón tamén en concellos dirixidos por alcaldes socialistas'.
A pesar de que aseguró que 'o PP non entra nese xogo', dio una relación de familiares de cargos del PSOE contratados por administraciones o concesionarias de servicios, si bien ironizó con que, en todos estos suspuestos, 'supoño que (los contratos) foron feitos con publicidade, mérito e capacidade'. Enumeró al hijo del secretario provincial del PSOE y exalcalde de Castrelo do Val, Raúl Fernández, 'contratado como socorrista' en ese municipio, así como 'fillos de concelleiros socialistas de Castrelo que traballaron no Concello de Vilardevós cando o alcalde era socialista'.
Se refirió también al Concello de Ribadavia, gobernado por el PSOE, 'no que unha exconcelleira socialista traballa no servizo de limpeza do colexio' y familiares de 'un senador socialista', como un hijo, que 'traballou na Deputación da Coruña cando era gobernada por ese partido, despois no Concello de Ribadavia e máis tarde en Turismo no de Ourense'. Fernández aseguró que de los 104 contratos 'temporais' que se investigan, 42 fueron realizados antes del congreso del PP del 30 de enero de 2010. De estas personas 'só seis eran compromisarias nese congreso, dos 1.212 que había', señaló ?Fernández.
