La promotora Casas Orense quiere que el Concello compense el bloqueo de sus aprovechamientos

Reclama 1,2 millones por no poder construir en el Campus

Ámbito de la zona del Campus objeto de la polémica. (Foto: JOSÉ PAZ)
La empresa Casas Orense S.A., del promotor Bautista Rodríguez, reclama al Concello de Ourense una indemnización de 1.247.112 euros por el perjuicio que, según sostiene, le ha ocasionado no haber podido materializar durante 17 años el aprovechamiento urbanístico de las dos parcelas de su propiedad que fueron ocupadas para la construcción de la residencia universitaria, en las inmediaciones del Campus, en As Lagoas.
El escrito, que fue presentado ayer en el Concello, sostiene que la empresa ha de ser indemnizada por 'no haber podido realizar la edificabilidad inherente al suelo ocupado (por no tener aprobado el proyecto de compensación), mientras que la Administración local y su cesionaria disponen de él y construyen sobre él, en una gestión anticipada del polígono, un edificio destinado a residencia universitaria y objeto de explotación mercantil como establecimiento hotelero'.

Así, la empresa reclamante, que mantiene un buen número de pleitos contra el Concello desde que la institución lograra que la Justicia le reconociera la cesión del 10% de aprovechamientos urbanísticos en este ámbito, explica que la ocupación del suelo para la residencia se realizó mediante un convenio formalizado el 12 de marzo de 1996.Las parcelas ocupadas tenían una superficie de 4.400 y 832 metros cuadrados. Aquel acuerdo, dice la empresa, reconocía el derecho de ésta a 'materializar el aprovechamiento inherente al suelo ocupado con ocasión de la equidistribución de beneficios y cargas a través del correspondiene proyecto de compensación en el polígono de la zona 4 del suelo urbano 25'.

No obstante, este proyecto de compensación no fue aprobado hasta el pasado mes de julio -era el cuarto que presentaba la junta de compensación-. Por este periodo de tiempo, la empresa considera que debe de ser indemnizada e incluso compara su situación con la del edificio Vila Rejo, en el que el Concello indemnizó con 647.000 euros por los perjuicios ocasionados por la paralización de las obras. En caso de que el Concello entienda que no tiene este derecho, la empresa anuncia en su escrito que acudirá al Jurado de Expropiación de Galicia para que sea, en su caso, el que determine si hay lugar a esta expropiación.

Por su parte, la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, aseguró ayer que desconocía esta petición de la empresa y atribuyó la demora en la aprobación del proyecto de compensación en este ámbito a que los tres primeros que presentaron los propietarios no recibieron el visto bueno de los técnicos.

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