En Amoeiro, 109 personas viven solas. En una población que apenas sobrepasa los 2.300 habitantes, la cifra es preocupante. El día a día se hace con 11 trabajadores municipales que atienden a 48 personas dependientes.
Mientras, los vecinos que para bien o para mal siguen defendiéndose ansían la residencia de mayores y el centro de día, infraestructuras que ya disponen de terrenos, pero que se ven afectadas por el "impás" gubernamental.
En Amoeiro, necesitan un gobierno "sólido y estable" para materializar el tan ansiado centro de día
"De momento voume defendendo, pero cando non poida, que?", señala Carmiña Nóvoa. Ella hace las tareas y se complementa con la ayuda de sus vástagos. Pero sigue a la espera del centro de día en el municipio: "Aquí, nesta aldea, só cerca miña xa vivimos cinco mulleres soas, e outra xente na aldea ten que ir ao centro de día, pero á cidade".
Un centro de día, urgente
El regidor, José Luis González, muestra su deseo de un gobierno "sólido e estable" porque de sus presupuestos depende el compromiso adquirido hace un año para apoyar la construcción de ese centro de día.
Carmiña tiene 75 años, "pero dentro de pouco xa vou para moi vella". De momento, "va tirando" y sacó a su madre adelante cuidándola ella misma. "Os veciños van a Ourense e volven á noite, porque non poden quedar aquí. Canto nos valía o centro de día...!", suspira.
Mientras algunos políticos, como el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, confesaban que "no podría dormir por la noche" en caso de formar gobierno con fuerzas políticas como Unidas Podemos, en la provincia hay gente que no duerme, incómoda, por la inestabilidad y por cómo afectará a su calidad de vida.
"¿Van a volver las cartas de la subida de 1,50 euros?"
"Yo me puedo ir defendiendo. Mi madre falleció en mayo y cobraba 670 euros, si no llego a estar yo no sé cómo habría vivido. Recuerdo cuando mandaban la carta de que la pensión subía a 1,50 euros, y ahora vamos a volver a lo mismo", lamenta José Luis Verdejo, jubilado a sus casi 65 años, tras 41 de actividad.
Los pensionistas no ven procedente la subida del 0,25%: "tiene que haber gobierno al día siguiente del 10-N"
"A votar voy a ir aunque parezca de coña que no haya gobierno. Lo que no puede ser es que después de las elecciones pierdan un solo momento. Tiene que haber gobierno a la máxima urgencia", explica Verdejo, que recuerda que el pasado año –él se jubiló anticipadamente– la subida había sido "xeitosa", pero volver a la revalorización del 0,25% le parecería "imperdonable".
También lo lamenta María Dolores Reverter. A sus 77 años, llegó a presidir la Asociación de mujeres separadas y divorciadas de Ourense, ahora la abandonó, "estaba cansada".
Cobra una precaria pensión de la enseñanza privada. "Hay que ver el vaso medio lleno, vivo sola pero no necesito ayuda. Los que no pueden dormir son los que ven que la vida sube o que se quedan sin casa, o no pueden pagar las facturas. Es una tristeza, voy a ir a votar, pero me asustan las nuevas elecciones", relata.
"La pensión es mínima, las viudas tienen las más bajas, y es preocupante que no suba por encima del 0,25%, tienes que ir haciendo números para ir saliendo. Ahora salgo en coche y en Ourense están las pensiones más bajas y la gasolina más cara...Y somos los que más gente mayor tenemos...", reflexiona.
“Palabras, boas; obras, poucas"
"A min gústanme as palabras, son boas, pero non hai obras. Dicían que a pensión ía subir moito pero pouco importa, antes pagouse para cobrar acorde á realidade e aos precios que hai agora. Eu levo 31 anos, non é de onte, eles son bos para o bolsillo, pero non para os que non temos nada", explica Carmiña, con clara dirección de sus palabras a la clase política.
Solo pide "un Gobierno digno e responsable e que coide dos maiores, que somos moitos, e necesitamos servizos". En Amoeiro, como en muchos concellos, se necesita estabilidad. No solo por las inversiones, sino también por los fondos estatales atascados.
El Estado, sin reto demográfico a la vista
En la provincia con mayor índice de envejecimiento urgen medidas, también para abordar el reto demográfico, que necesita de un plan global estatal, que se quedó a medias en una Comisión para el Reto Demográfico, que presidió, primero, la ourensana Miri Barreira y después, la socialista Isaura Leal.
Desde el pasado 29 de marzo, días después de presentar una Estrategia Nacional para la Despoblación, este órgano quedó descabezado por la convocatoria de nuevas elecciones. Y hasta hoy.
El medio rural no ha visto medidas concretas del gobierno estatal, "e non hai tempo que perder"
Nadie sabe nada de la puesta en marcha de medidas, mientras el rural sigue desangrándose y decenas de núcleos de población siguen sin tener blindados servicios básicos. Ahora, se abre la ventana de oportunidad con la ley demográfica de la Xunta que, sin embargo, sigue reclamando los 700 millones de euros que el Estado no entrega, precisamente, por la falta de capacidad al estar en funciones.
Todo un guirigay que mosquea a los promotores de aquel levantamiento de la "España vaciada", que sigue esperando que se haga caso a sus peticiones. Además, queda en el aire una estrategia encargada de diseñar el reparto extra del 5% de fondos para iniciativas contra la despoblación, que la Unión Europea ya ha aprobado, y que necesita de gobernantes que no vivan "en funciones".
Tamara Balboa, directora del Centro de Desenvolvemento Rural Portas Abertas de Vilardevós, advierte: "Estamos no limbo e nada fai agardar que haxa estabilidade.
O tempo pasa e non estamos para desperdicialo. Realmente, no paquete de medidas que propuña o Goberno no había nada novidoso. Hai que repensar todo e haique facer algo xa, séguense dando subvencións e o rural séguese abandonado. Hai que apostar por manter recursos educativos e sanitarios e fomentar o asentamento de poboación nova". La paralización no da buenas sensaciones ante propuestas pendientes "como crear unha bolsa de aluguer nas aldeas, porque é un gran problema a falta de casas".
La atención sanitaria
La falta de Gobierno también atranca iniciativas que intentan mejorar y blindar la atención sanitaria de una provincia con pacientes cada vez más envejecidos. "Hai persoal de enfermería que ten que estar a cargo de 22 pacientes. Impulsamos a Iniciativa Lexislativa Popular para que o Goberno blindase por lei a ratio enfermeira-paciente. Agora todo quedará á espera, porque o queriamos presentar estes días...", explica Asunción Maus, enfermera delegada del sindicato Satse.
"Todo o procedemento está paralizado, pero é unha medida que urxe para garantir a calidade dos coidados dos nosos maiores. En Ourense, temos pacientes maiores, pluripatolóxicos. A parálise do Goberno vai dilatar máis no tempo que se poida blindar . Con 22 enfermos a cargo nalgúns casos é moi difícil prestar unha boa atención", añade Maus quien, además, explica los problemas logísticos en los servicios por una nueva convocatoria electoral. "Son máis permisos, xente que vai en listas, en mesas, que vai votar, e aumenta aínda máis a carga de traballo polas coberturas".
Ayudas sin actualizar
La nueva prórroga presupuestaria que se dibuja en el incierto panorama político español causa estragos a provincias como Ourense, con las pensiones y salarios más bajos del Estado.
Una de las consecuencias más inmediatas, aparte de la dilación de las ayudas y exenciones fiscales que se planteaba en la estrategia para el reto demográfico, es la parálisis del Indicador de renta de efectos múltiples (Iprem), que fija el umbral para conceder ayudas públicas, como para la concesión del bono social, y que sigue paralizado en la cifra de 2017: 537,84 euros, ya que la subida del 2% prevista ha quedado congelada.
Con ello, pese al alza de precios que se ha dado en la provincia de Ourense en os últimos dos años, casi un 2%, según el Índice de Precios de Consumo.
Es un límite, este, que impide acceder a ayudas a una serie de colectivos que han visto revalorizadas sus pensiones o su salario mínimo en el último año, sobrepasando así el Iprem. Y también a los más de 18.000 desempleados ourensanos, cuya paga varía también teniendo en cuenta los topes máximos y mínimos según este indicador.
Es otra de las nefastas consecuencias de carecer de unos presupuestos que, salga lo que salga de las elecciones del 10 de noviembre, no se espera que puedan estar antes de la primavera de 2020.
La "incertidumbre" del opositor
En una provincia marcada por la elevada influencia del sector público, la marejada también se vive en las ofertas de empleo público.
La "incertidumbre" es la tónica entre los opositores, uno de los colectivos más numerosos
Según el acuerdo materializado por el Gobierno, se publicarían a lo largo de 2020 más de 33.000 vacantes, que muchos esperan como agua de mayo encerrados en las paredes de las bibliotecas.
Renny Mazaira lleva tiempo preparando las oposiciones para Policía Nacional, y ya encara la recta final. "Ahora lo que se ha generado entre los que estudiamos es incertidumbre. Al haber elecciones, nunca se sabe. Y si vuelve a pasar lo mismo, las partidas presupuestarias destinadas a empleo público se paralizar y están limitadas. Si no hay consenso, puede perjudicar y reducir plazas en determinadas oposiciones... Las plazas están convocadas, pero se ralentiza todo un poco en la toma de decisiones, todo se alarga. El problema son las fechas, que se alargan más hasta el límite de lo permitido....", relata este joven ourensano, uno de tantos que buscan en la Administración Pública una opción de futuro. En el caso del cuerpo policial, confía en que , pese a las complicaciones, el proceso se alargue, como mucho, hasta finales de mayo.
