El Sergas, a través de la Xerencia de Xestión Integrada, que dirige Eloína Núñez, ha tenido que reconocer que no cumplió escrupulosamente los trámites legales para la contratación de un trabajador. Lo hizo en un informe a propósito de una denuncia del sindicato CIG. En concreto, se refiere al proceso de cobertura de una vacante de personal en abril de 2012, con la categoría de electricista, que se corresponde con personal laboral del Sergas. Para cubrir dichos puestos se recurre a listas de contratación, que en este caso se saltaron, según indica Alfonso Diz, de la CIG.
Tras presentar una reclamación en la Xerencia de Xestión Integrada de la sanidad ourensana, la directora de Recursos Humanos, Celia Saiz Rubio, reconoció en mayo del 2012 'que o procedemento utilizado non seguiu escrupulosamente os trámites establecidos', pero que 'non semella convinte por razóns de oportunidade e eficacia anular o contrato realizado'. En todo caso, la directora concluye que 'esta dirección recoñece que o procedemento non foi o axeitado e comprométese a non volver a incorrer en omisións de trámites procedimentais desta índole'.
FISCALÍA
El sindicato, no obstante, reclamó la anulación del contrato realizado 'por ser contrario a dereito' y presentó denuncia ante la Fiscalía, reclamando 'que se restitúa a legalidade vixente e se proceda a formalizar a nova contratación seguindo o procedemento legalmente establecido'.
No obstante, el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, optó por archivar la denuncia de la CIG, al considerar que 'las irregularidades que pudieran existir no conforman la entidad típica de la actuación prevaricadora administrativa', y que sería necesario que concurriese 'un dolo reduplicado' o 'torcimiento manifiesto', que no detectaba en este caso, según su escrito de febrero de este año.
Desde la CIG lamentan la actitud de la Xerencia pero también la actuación de la Fiscalía, 'porque é un feito gravísimo que se saltasen as listas de contratación, e nós poñémolo en coñecemento da Fiscalía, que é o máximo responsable de velar polo cumplimento da lei, e non investigan', lamenta Diz.
El procedimiento iniciado por el sindicato está también en la vía contencioso-administrativa, pero todavía sin resolver -y con los recursos subsiguientes puede incluso demorarse años-, e 'mentres, unha persoa sigue esperando por un posto de traballo', sostiene Diz.
FISCALÍA
El sindicato, no obstante, reclamó la anulación del contrato realizado 'por ser contrario a dereito' y presentó denuncia ante la Fiscalía, reclamando 'que se restitúa a legalidade vixente e se proceda a formalizar a nova contratación seguindo o procedemento legalmente establecido'.
No obstante, el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, optó por archivar la denuncia de la CIG, al considerar que 'las irregularidades que pudieran existir no conforman la entidad típica de la actuación prevaricadora administrativa', y que sería necesario que concurriese 'un dolo reduplicado' o 'torcimiento manifiesto', que no detectaba en este caso, según su escrito de febrero de este año.
Desde la CIG lamentan la actitud de la Xerencia pero también la actuación de la Fiscalía, 'porque é un feito gravísimo que se saltasen as listas de contratación, e nós poñémolo en coñecemento da Fiscalía, que é o máximo responsable de velar polo cumplimento da lei, e non investigan', lamenta Diz.
El procedimiento iniciado por el sindicato está también en la vía contencioso-administrativa, pero todavía sin resolver -y con los recursos subsiguientes puede incluso demorarse años-, e 'mentres, unha persoa sigue esperando por un posto de traballo', sostiene Diz.
