La concejala de Urbanismo, Áurea Soto, ha solicitado la intervención de la Defensora del Pueblo ante las dificultades que, según asegura, atraviesa su departamento por la falta de personal derivada la jubilación de varios técnicos municipales y la imposibilidad legal de contratar otros nuevos.
La edila realiza esta petición de ayuda respondiendo a un escrito enviado por la propia Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, el pasado 8 de febrero, en el que le recordaba al alcalde, Agustín Fernández, que le había requerido al Concello en diversas ocasiones -y sin éxito- información sobre un expediente -la instalación de una antena de telefonía móvil en el edificio de Correos, ya retirada-.
En ese escrito, Becerril advertía al regidor del deber legal de colaborar con la institución que representa y que, en caso de no hacerlo, 'dicha actitud puede ser calificada como delito, para lo que daría traslado, si procede, al Fiscal General del Estado'.
En su respuesta, Áurea Soto deja claro que 'personalmente me he ocupado de recabar el expediente sobre el que solicita información y que le sean enviadas las copias del mismo' para, a continuación, solicitar 'urgentemente su ayuda'. Así, en el escrito, la concejala de Urbanismo detalla que se han jubilado cuatro aparejadores municipales, otros dos lo harán próximamente y lo mismo ha ocurrido con otros dos ingenieros y otros tantos topógrafos. Soto añade, además, otras inminentes bajas en el servicio.
'EXCEPCIONAL GRAVEDAD'
Por todo ello, la concejala traslada a la Defensora del Pueblo que el Concello está 'en una situación de excepcional gravedad por no existir técnicos que puedan cumplir con las obligaciones del servicio' que, además, -recuerda- se ven aumentadas por la anulación del Plan Xeral de 2003. Así las cosas y ante el decreto del Gobierno que limita los nuevos contratos -lo que no ha impedido al Concello contratar personal temporal, cuestión que impugnará el Gobierno central-, Soto reclama a Becerril 'su intervención para que utilice su relevancia como institución con el objeto de exigir con la misma contundencia al Gobierno del Estado y al Parlamento que revisen los acuerdos tomados que tienen como objetivo incapacitar a la Administración para que pueda ejercitar adecuadamente lo que usted requiere (que le envíe la documentación sobre el expediente)'.
En su respuesta, Soto también cita la 'preocupación del jefe de sección de disciplina urbanística adscrito al servicio de licencias de actividad, aperturas y disciplinas sobre el extraordinario volumen de trabajo', que incluye desde infracciones urbanísticas a expedientes sancionadores y de ruina, pasando por la tramitación de documentación relacionada con asuntos judiciales. Ante esta situación, la concejala señala que su departamento 'deberá priorizar lo relacionado con la seguridad y con los requerimientos de los tribunales'.
En ese escrito, Becerril advertía al regidor del deber legal de colaborar con la institución que representa y que, en caso de no hacerlo, 'dicha actitud puede ser calificada como delito, para lo que daría traslado, si procede, al Fiscal General del Estado'.
En su respuesta, Áurea Soto deja claro que 'personalmente me he ocupado de recabar el expediente sobre el que solicita información y que le sean enviadas las copias del mismo' para, a continuación, solicitar 'urgentemente su ayuda'. Así, en el escrito, la concejala de Urbanismo detalla que se han jubilado cuatro aparejadores municipales, otros dos lo harán próximamente y lo mismo ha ocurrido con otros dos ingenieros y otros tantos topógrafos. Soto añade, además, otras inminentes bajas en el servicio.
'EXCEPCIONAL GRAVEDAD'
Por todo ello, la concejala traslada a la Defensora del Pueblo que el Concello está 'en una situación de excepcional gravedad por no existir técnicos que puedan cumplir con las obligaciones del servicio' que, además, -recuerda- se ven aumentadas por la anulación del Plan Xeral de 2003. Así las cosas y ante el decreto del Gobierno que limita los nuevos contratos -lo que no ha impedido al Concello contratar personal temporal, cuestión que impugnará el Gobierno central-, Soto reclama a Becerril 'su intervención para que utilice su relevancia como institución con el objeto de exigir con la misma contundencia al Gobierno del Estado y al Parlamento que revisen los acuerdos tomados que tienen como objetivo incapacitar a la Administración para que pueda ejercitar adecuadamente lo que usted requiere (que le envíe la documentación sobre el expediente)'.
En su respuesta, Soto también cita la 'preocupación del jefe de sección de disciplina urbanística adscrito al servicio de licencias de actividad, aperturas y disciplinas sobre el extraordinario volumen de trabajo', que incluye desde infracciones urbanísticas a expedientes sancionadores y de ruina, pasando por la tramitación de documentación relacionada con asuntos judiciales. Ante esta situación, la concejala señala que su departamento 'deberá priorizar lo relacionado con la seguridad y con los requerimientos de los tribunales'.
