Áurea Soto acusa de "trabajar juntos" a un promotor, DO y SUS "colaboradores necesarios".
La edila de Urbanismo de Ourense, Áurea Soto, defendió "el interés público frente al privado" durante los 40 minutos en que prestó declaración en el juzgado de instrucción, en calidad de imputada, por la denuncia presentada por la hija de un promotor y propietaria de terrenos en la zona del campus, que reclamó información del nuevo Plan General de Ordenación Municipal, la cual le fue denegada hace un año.
Áurea Soto, no quiso hacer declaraciones a los medios a su llegada al juzgado, poco antes de las nueve, pero, al terminar su comparecencia ante el juez, sí explicó que estará imputada "una y 16 veces más" por "no atender nunca los intereses particulares". Al respecto, ha indicado que la petición del promotor fue en mayo de 2013 y la exposición pública del proyecto, para informar a todos los ciudadanos, se produjo "el 28 de noviembre hasta febrero de este año", es decir, era posterior.
"El promotor Bautista Rodríguez Díaz, al que paramos el tema de quedarse con el 100 por cien del aprovechamiento urbanístico en sus obras, junto con DO y otros colaboradores necesarios, son los que trabajan juntos para evitar que cobremos para el Ayuntamiento de Ourense el diez por ciento correspondiente", ha señalado la concejala, quien ha censurado los "ataques", porque en el nuevo PXOM hubo cambios, por ejemplo, en la edificabilidad, "mermada respecto al anterior en el que estaba disparada y especulativa".
Soto se refirió a Bautista Rodríguez como el autor de la denuncia por no enseñarle el PGOM antes de la exposición pública, aunque la autora de la denuncia es su hija, que figura como una de los 16 personas propietarias de terrenos en una zona del campus ocupada por una nave colindante con la residencia universitaria, denunciada también por no tener licencia de apertura.
PENAL DE MODA
Soto ha detallado, también, que el promotor "perdió antes dos procesos judiciales en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia", iniciado contra el ayuntamiento "para quedarse con el 100 por cien del aprovechamiento urbanístico en una zona, y para hacer un aparcamiento privado en otra".
"Esta gente tiene muchísimo más dinero que nosotros, nos persiguió en el juzgado de lo contencioso hasta hace un año y, a causa del barullo generado en otros casos, nos lleva ahora por lo penal; bueno, pues habrá que defenderse en lo penal, es la moda", ha manifestado.
Calificó de "absolutamente llamativo" que durante los 12 años en "que se recalificaron As Burgas, pasando la edificabilidad de 2 a 19 y con un PGOM especulativo, nunca hubiese imputaciones" y ahora, "que se defiende lo público, se nos somete a este castigo", lamentó.
VARIAS IMPUTACIONES
La concejala de Urbanismo de Ourense se ha referido, además, a una actuación en unos terrenos cercanos al río, donde la empresa Copasa y el mismo promotor acudieron al juzgado. En ese caso, tanto en la vía d e lo contencioso como el Consello Consultivo respaldaron la actuación municipal.
"Ahora como ganamos en lo contencioso, (el promotor) dice que irá por lo penal y tendremos que ir gobernando y defendiéndonos, al mismo tiempo", ha observado.
Dos horas después de su declaración en el juzgado, lo hacían a su vez dos peritos, en calidad de testigos, por la imputación de Soto en otro proceso iniciado por denuncia del promotor Bautista Rodríguez, en relación a la plaza de San Antonio. La propia Soto deberá volver a declarar como imputada en el juzgado, el día 2 de abril, en relación con la residencia universitaria, también denunciada por Rodríguez.
"EL FIN NO JUSTIFICA LOS MEDIOS"
Por su parte, el abogado de la parte denunciante, Antonio Feijóo Miranda, ha explicado a Europa Press a la salida del juzgado que "no duda" del trabajo y entrega de la edil Áurea Soto, pero ha señalado que "el fin no puede justificar los medios". "Y cuando se hacen cosas por cauces no legales, los ciudadanos tienen derecho a reaccionar", ha señalado.
Asimismo, ha expliado que también declaró, como testigo, la jefa del servicio de Urbanismo que no entregó el documento reclamado del PGOM, "porque tenía orden de la concejala de no darlo y también cree que tenían derecho a mantenerlo en secreto", añadió el letrado.
OTRAS IMPUTACIONES
La edila Áurea Soto está también imputada como integrante de la junta de gobierno de 2008 en la que se aprobó la adjudicación de obras por procedimiento negociado, urgente y sin publicidad, en la calle Bedoya, de la que están imputados todos sus miembros.
En total, hay nueve ediles socialistas y nacionalistas de los que tres siguen ocupando cargos en el Ayuntamiento: el actual alcalde; Áurea Soto; y la concejal -también imputada en otros casos- Margarita Martín.
No como imputada, pero sí como responsable del área más afectada, Soto respondió a preguntas sobre la imputación de cinco funcionarios, confirmada por fuentes del TSXG, la mayor parte del área de Urbanismo, por la denuncia presentada contra la entrada como trabajadores laborales, de varios contratados como asistencias externas que denunciaron su despido en el juzgado.
La denuncia, presentada por USO y CIG en octubre de 2013, iba dirigida contra el alcalde, el edil de Urbanismo y la directora general de Recursos Humanos, pero los imputados, hasta el momento, son cuatro arquitectos y un asesor jurídico, que ahora son trabajadores municipales.
Soto atribuyó la denuncia a Javier García Gago, asesor jurídico municipal y delegado sindical de CIG, cuya petición de compatibilidad con la docencia provocó la salida de los cinco ediles socialistas en un pleno municipal. La edila ha explicado que el funcionario fue jefe del servicio de Personal durante los 12 años de Gobierno del PP "y como no le permitimos saltarse la Ley y hacer dos trabajos cuando no puede por su salario, ha respondido denunciándonos en el tribunal".
