La urbanización del entorno de un edificio construido en una zona recalificada en la aprobación definitiva del actual Plan Xeral, en 2003, preocupa en la actualidad a vecinos de un bloque de edificios de la calle Roi Páez, que ahora tienen dificultades para acceder a sus aparcamientos, por lo que piden soluciones al Concello.
De alrededor de 2.000 metros cuadrados construidos a unos 15.000. Ese fue el salto gigantesco en la edificabilidad aprobada por el ex alcalde, Manuel Cabezas, de una zona en la calle Ricardo Courtier de la ciudad que hoy afecta a los vecinos de un bloque de viviendas de la cercana Roi Páez.
La historia se remonta a la aprobación del Plan Xeral vigente, en 2003, llevada a cabo por el anterior gobierno municipal. Inicialmente, la zona figuraba como en el Plan anterior de 1986, es decir, como suelo urbano consolidado con calificación unifamiliar. Preveía la construcción de unas cinco viviendas unifamiliares, con alrededor de 2.000 metros cuadrados construidos. Sin embargo, curiosamente, el documento de aprobación definitiva la recalificó como suelo urbano consolidado asignándole un bloque abierto de ocho plantas y ático. La superficie construida se situó entonces en torno a los 15.000 metros cuadrados.
Los vecinos de la zona ya no vieron entonces con muy buenos ojos la edificación pero la actual urbanización del entorno les ha ocasionado nuevos problemas y preocupaciones, que incluso les ha llevado a plantear en el Concello la búsqueda de soluciones, dado que ahora tienen dificultades para acceder a las antiguas carboneras (en los bajos del edificio) que llevan años utilizando como garajes. Las posibilidades de legalización de estos espacios como tales son, además, escasas. Al margen de esta cuestión, las voces críticas con la actuación realizada hablan también de que se ha podido invadir parte de un camino público.
Según la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, el Concello lo único que puede hacer ahora es intentar que se les facilite el acceso cómodo a estos inmuebles, lo que pasaría por, añade, pavimentar el acceso a los bajos (utilizados como estacionamientos), que ya existían. Y es que, asegura, las rasantes tienen que unificarse y con la recalificación que se efectuó en la zona, el Concello tendría que haber tenido contraprestaciones. No obstante, dice, la entidad municipal no puede ir más allá porque el edificio se construyó con licencia, una de las primeras que fueron aprobadas tras la entrada en vigor del nuevo planeamiento, según indican fuentes municipales. En este sentido, ni siquiera podría el Concello reclamar por la supuesta invasión de un espacio público, ya que iríamos contra nuestros propios actos (del Concello) e incluso podría tener que hacerse cargo de una hipotética indemnización.
La historia se remonta a la aprobación del Plan Xeral vigente, en 2003, llevada a cabo por el anterior gobierno municipal. Inicialmente, la zona figuraba como en el Plan anterior de 1986, es decir, como suelo urbano consolidado con calificación unifamiliar. Preveía la construcción de unas cinco viviendas unifamiliares, con alrededor de 2.000 metros cuadrados construidos. Sin embargo, curiosamente, el documento de aprobación definitiva la recalificó como suelo urbano consolidado asignándole un bloque abierto de ocho plantas y ático. La superficie construida se situó entonces en torno a los 15.000 metros cuadrados.
Los vecinos de la zona ya no vieron entonces con muy buenos ojos la edificación pero la actual urbanización del entorno les ha ocasionado nuevos problemas y preocupaciones, que incluso les ha llevado a plantear en el Concello la búsqueda de soluciones, dado que ahora tienen dificultades para acceder a las antiguas carboneras (en los bajos del edificio) que llevan años utilizando como garajes. Las posibilidades de legalización de estos espacios como tales son, además, escasas. Al margen de esta cuestión, las voces críticas con la actuación realizada hablan también de que se ha podido invadir parte de un camino público.
Según la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, el Concello lo único que puede hacer ahora es intentar que se les facilite el acceso cómodo a estos inmuebles, lo que pasaría por, añade, pavimentar el acceso a los bajos (utilizados como estacionamientos), que ya existían. Y es que, asegura, las rasantes tienen que unificarse y con la recalificación que se efectuó en la zona, el Concello tendría que haber tenido contraprestaciones. No obstante, dice, la entidad municipal no puede ir más allá porque el edificio se construyó con licencia, una de las primeras que fueron aprobadas tras la entrada en vigor del nuevo planeamiento, según indican fuentes municipales. En este sentido, ni siquiera podría el Concello reclamar por la supuesta invasión de un espacio público, ya que iríamos contra nuestros propios actos (del Concello) e incluso podría tener que hacerse cargo de una hipotética indemnización.
