El Valedor do Pobo seguirá gestionando el caso de la familia de Alfredo Castilla, afectada por un desahucio y que tuvo que pagar él correspondiente impuesto de plusvalía en concepto de venta. Aunque, finalmente, el alcalde de Barbadás, José Manuel Freire Couto, se comprometió con el vecino a que le reintegraría el importe de la tasa, de rango municipal, el Valedor ha optado por no archivar la causa, entendiendo que en la misma situación que Alfredo Castilla se encuentran más familias en el conjunto de la comunidad autónoma.
Por un lado, desde las dependencias compostelanas del Valedor (institución que dirige actualmente en funciones José Julio Fernández Rodríguez) aseguran que solicitarán a Barbadás que 'confirme de forma oficial' su compromiso a devolver el impuesto de plusvalía, que el afectado abonó el pasado lunes por vencimiento del plazo. A pesar de que fue el propio Freire Couto quien se lo comunicó a Alfredo Castilla, la institución lo 'pedirá por escrito'.
Paralelamente, el caso de la familia ourensana -cuyo piso estaba a nombre de la mujer y donde vivían con los hijos de ella- sentará precedente para el defensor del pueblo gallego. La situación de los vecinos de A Valenzá fue la primera en llegar al Valedor do Pobo como queja, a pesar de que el pago de este tributo es habitual en los casos de desahucio y desde la propia Diputación -que ejerce como recaudador de la tasa para varios concellos- aseguraban que la gente suele abonarlo sin más.
De este modo y tras una revisión exhaustiva de la normativa estatal, el Valedor do Pobo aseguró que incluiría este caso en el informe anual del organismo. Con todo, esto no significa que den el asunto por concluido. Además de instar a la confirmación oficial del regidor de Barbadás, la institución también emitirá un escrito dirigido al Defensor del Pueblo, organismo estatal que vela por los intereses ciudadanos.
El impuesto de plusvalía -llamado oficialmente 'Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana'- está contemplado en la Ley de Haciendas Locales y, según el Defensor, su recaudación no es obligatoria. A este organismo se dirigirá su equivalente autonómico para que tome algún tipo de cartas en el asunto.
Ya en 2009, cuando la coyuntura económica había dado muestras de desaceleración, el organismo que entonces representaba Enrique Múgica instó al Gobierno a realizar cambios en el impuesto de plusvalía, aunque en aquel momento no estaban directamente relacionados con los casos de desahucio. El Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero no aceptó la sugerencia.
El Valedor do Pobo volverá ahora a proponer la inclusión de los desalojos como excepción del impuesto de plusvalía, una modificación que debería incluirse, a su juicio, en las ordenanzas fiscales.
Paralelamente, el caso de la familia ourensana -cuyo piso estaba a nombre de la mujer y donde vivían con los hijos de ella- sentará precedente para el defensor del pueblo gallego. La situación de los vecinos de A Valenzá fue la primera en llegar al Valedor do Pobo como queja, a pesar de que el pago de este tributo es habitual en los casos de desahucio y desde la propia Diputación -que ejerce como recaudador de la tasa para varios concellos- aseguraban que la gente suele abonarlo sin más.
De este modo y tras una revisión exhaustiva de la normativa estatal, el Valedor do Pobo aseguró que incluiría este caso en el informe anual del organismo. Con todo, esto no significa que den el asunto por concluido. Además de instar a la confirmación oficial del regidor de Barbadás, la institución también emitirá un escrito dirigido al Defensor del Pueblo, organismo estatal que vela por los intereses ciudadanos.
El impuesto de plusvalía -llamado oficialmente 'Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana'- está contemplado en la Ley de Haciendas Locales y, según el Defensor, su recaudación no es obligatoria. A este organismo se dirigirá su equivalente autonómico para que tome algún tipo de cartas en el asunto.
Ya en 2009, cuando la coyuntura económica había dado muestras de desaceleración, el organismo que entonces representaba Enrique Múgica instó al Gobierno a realizar cambios en el impuesto de plusvalía, aunque en aquel momento no estaban directamente relacionados con los casos de desahucio. El Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero no aceptó la sugerencia.
El Valedor do Pobo volverá ahora a proponer la inclusión de los desalojos como excepción del impuesto de plusvalía, una modificación que debería incluirse, a su juicio, en las ordenanzas fiscales.
