Greenpeace denuncia el contrabando de carne de ballena en la flota japonesa

Balleneros japoneses despedazan una pieza.
La organización ecologista Greenpeace denunció que algunos tripulantes de la flota ballenera japonesa pasaron carne de ballena de contrabando al mercado nipón, escondida entre su equipaje personal. La ONG hizo públicas varias pruebas de esta práctica y pidió que se termine la financiación pública del programa ballenero nipón.
Tras una investigación encubierta durante cuatro meses, Greenpeace recopiló varios indicios de que la tripulación del Nisshin Maru, el buque-factoría de la flota ballenera, está involucrada en una red de contrabando de carne de ballena.

Según la organización ecologista, los superiores de la tripulación, oficiales de la empresa que fleta el barco, Kyodo Senpaku, y hasta miembros del Instituto de Investigación de Cetáceos (ICR) estaban al tanto de las operaciones ilícitas pero no hicieron nada por impedirlas.

'La información que hemos conseguido muestra que la escala del escándalo es tan grande, que hubiera sido imposible que la compañía que opera el barco y el ICR no lo supieran', dijo en el comunicado Junichi Sato, coordinador de Greenpeace en Japón.

La organización descubrió la trama después de la llegada a puerto del Nisshin Maru el mes pasado, cuando a la vista de personal de Kyodo Senpaku varias cajas procedentes del ballenero fueron trasladadas a un camión especial de reparto.

Según el comunicado, al menos cuatro de las cajas iban destinadas a la misma dirección privada, sin embargo Greenpeace pudo interceptar una de ellas antes de que fuera entregada.

La caja contenía 23,5 kilogramos de carne de ballena salada de primera calidad, valorados en más de 3.000 dólares, según Greenpeace.

Varios establecimientos en los que se sirve carne de ballena para su consumo confirmaron a Greenpeace que esperaban un cargamento del preciado manjar de manera inmediata.

Greenpeace acusa además a la tripulación del ballenero de lanzar por la borda toneladas de carne de cetáceo al no disponer de suficiente capacidad de tratamiento y de haber comercializado carne de ballena procedente de ejemplares que presentaban tumores cancerígenos.

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