El presidente del grupo pizarrero Samaca confía en que la Audiencia provincial eche abajo la condena por un delito de fraude a la Hacienda Pública dictada contra él y otros cuatro empresarios pizarristas. Rogelio López considera injusta una sentencia que tampoco comparte un importante sector de la sociedad valdeorresa, quien incluye a industriales, sindicalistas y a algún alcalde. El presidente de la patronal de la pizarra considera que esta criminalización del sector daña su imagen y la de la comarca.
La condena de dos años y nueve meses de prisión y la multa de 558.517 euros que el Juzgado de lo Penal 2 dictó contra el presidente del grupo Samaca no impidió a Rogelio López acudir al trabajo. El pizarrista confía en que el recurso que presentará en la Audiencia provincial de marcha atrás a una sentencia que considera injusta y que también afecta a otros cuatro empresarios, Juan Carlos González, Antonio Silva, Martín Domínguez y David Arias, representantes legales de Gonta, Galir, La Tranquila y Pivasa, respectivamente. Todos ellos fueron juzgados por un delito de fraude a la Hacienda Pública.
Rogelio López prefiere no extenderse en sus declaraciones, lo cual no le impide indicar que no se está haciendo justicia y añadir que la última palabra la tiene la Audiencia. La gravedad de la condena no afecta a su inquietud empresarial y asegura que por su cabeza nunca pasó echar el cerrojo a la empresa. No obstante, dice que no le asombra que muchos empresarios abandonen.
Reacciones
La dura sentencia conmocionó a la patronal de la pizarra. El presidente de la Asociación Galega de Pizarristas, Jesús Vidal, considera que se está criminalizando al sector, un hecho que dista mucho de beneficiar tanto a la pizarra como a la comarca valdeorresa. Este industrial exclama que este tipo de situaciones propician que los pizarristas tengan unha imaxe de gángsteres y piensa que la sentencia busca ser exemplarizante. Además, apunta que estas situaciones no se daría en otras provincias, como en las de Castilla y León.
Javier Rodríguez, el empresario de la construcción que preside la Asociación Empresarial de Valdeorras (Aeva), si bien prefirió no valorar el fallo judicial, afirmó haberlo recibido con sorpresa. Considera que Rogelio López es un empresario ejemplar en el sector y estima que no es el momento de criticarle, cuando aún no se le agradeció la labor que realizó por la empresa, los trabajadores y la comarca.
El secretario comarcal de UGT, José Paradelo, subrayó su respeto por las decisiones judiciales. Pese a ello, considera que la condena es excesiva y que será rebajada por la Audiencia. Este sindicalista recuerda que nadie está libre de cometer errores y apunta que el 90% de los trabajadores quieren cobrar en dinero negro. Además, afirma que el fallo es consecuencia de un ensañamiento con todo el sector de la pizarra.
Desde la alcaldía del concello pizarrero por excelencia, Carballeda de Valdeorras, María del Carmen González, afirmó que los cinco empresarios condenados son hombres de bien. Además, dice transmitir la opinión de sus vecinos al considerar importante que sigan desarrollando su labor empresarial. Añadió que trajeron progreso y bienestar a la sociedad valdeorresa. Su trayectoria fue intachable, según dijo la regidora.
Juzgados por ventas no declaradas
La sentencia alude a las ventas a la empresa alemana Magog de la pizarra que suministraron a Samaca las empresas Gonta, Galir, La Tranquila y Pivasa. Sucedió en el año 1996 y la cuota no ingresada a Hacienda fue de 186.172 euros, según recoge la sentencia. Las defensas alegaron que las empresas vendieron directamente y no a través de Samaca, no superando ninguna los 120.000 euros que diferencian la infracción del delito. Esta posibilidad fue descartada por el titular del Juzgado de lo Penal 2 de Ourense, que falló condenando a Rogelio López una pena de dos años y nueve meses de prisión, una multa de 558.517 e inhabilitación para ejercer la actividad empresarial con cargo de dirección durante dos años y nueve meses. A su vez, la condena de los restantes acusados es de dos años y medio de cárcel, otros tantos de inhabilitación y de sendas multas de 558.517 euros. A su vez, la comercializadora Samaca debe indemnizar a Hacienda con 186.172 euros.
Rogelio López prefiere no extenderse en sus declaraciones, lo cual no le impide indicar que no se está haciendo justicia y añadir que la última palabra la tiene la Audiencia. La gravedad de la condena no afecta a su inquietud empresarial y asegura que por su cabeza nunca pasó echar el cerrojo a la empresa. No obstante, dice que no le asombra que muchos empresarios abandonen.
Reacciones
La dura sentencia conmocionó a la patronal de la pizarra. El presidente de la Asociación Galega de Pizarristas, Jesús Vidal, considera que se está criminalizando al sector, un hecho que dista mucho de beneficiar tanto a la pizarra como a la comarca valdeorresa. Este industrial exclama que este tipo de situaciones propician que los pizarristas tengan unha imaxe de gángsteres y piensa que la sentencia busca ser exemplarizante. Además, apunta que estas situaciones no se daría en otras provincias, como en las de Castilla y León.
Javier Rodríguez, el empresario de la construcción que preside la Asociación Empresarial de Valdeorras (Aeva), si bien prefirió no valorar el fallo judicial, afirmó haberlo recibido con sorpresa. Considera que Rogelio López es un empresario ejemplar en el sector y estima que no es el momento de criticarle, cuando aún no se le agradeció la labor que realizó por la empresa, los trabajadores y la comarca.
El secretario comarcal de UGT, José Paradelo, subrayó su respeto por las decisiones judiciales. Pese a ello, considera que la condena es excesiva y que será rebajada por la Audiencia. Este sindicalista recuerda que nadie está libre de cometer errores y apunta que el 90% de los trabajadores quieren cobrar en dinero negro. Además, afirma que el fallo es consecuencia de un ensañamiento con todo el sector de la pizarra.
Desde la alcaldía del concello pizarrero por excelencia, Carballeda de Valdeorras, María del Carmen González, afirmó que los cinco empresarios condenados son hombres de bien. Además, dice transmitir la opinión de sus vecinos al considerar importante que sigan desarrollando su labor empresarial. Añadió que trajeron progreso y bienestar a la sociedad valdeorresa. Su trayectoria fue intachable, según dijo la regidora.
Juzgados por ventas no declaradas
La sentencia alude a las ventas a la empresa alemana Magog de la pizarra que suministraron a Samaca las empresas Gonta, Galir, La Tranquila y Pivasa. Sucedió en el año 1996 y la cuota no ingresada a Hacienda fue de 186.172 euros, según recoge la sentencia. Las defensas alegaron que las empresas vendieron directamente y no a través de Samaca, no superando ninguna los 120.000 euros que diferencian la infracción del delito. Esta posibilidad fue descartada por el titular del Juzgado de lo Penal 2 de Ourense, que falló condenando a Rogelio López una pena de dos años y nueve meses de prisión, una multa de 558.517 e inhabilitación para ejercer la actividad empresarial con cargo de dirección durante dos años y nueve meses. A su vez, la condena de los restantes acusados es de dos años y medio de cárcel, otros tantos de inhabilitación y de sendas multas de 558.517 euros. A su vez, la comercializadora Samaca debe indemnizar a Hacienda con 186.172 euros.
