Ningún proceso de paz en el que un Estado negocia con una organización guerrillera o terrorista es igual a otro porque las circunstancias históricas y nacionales no suelen ser comparables. Su único punto de contacto es la estación término: acabar con años de violencia, de guerra, de venganza y de sufrimiento de quienes se han visto afectado por las acciones militares o terroristas, y lograr una convivencia en paz en que las diferencias y el progreso del país se trabaje en condiciones democráticas.
El acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno colombiano encabezado por Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que pone fin a cincuenta años de conflicto armado es el paso previo para la incorporación de los guerrilleros a la vida pública y su desarme toda vez que los colombianos hayan votado a favor de las condiciones expresadas en el documento firmado en La Habana. Se iniciará entonces el verdadero proceso de paz, el que lleva a la reconciliación de los enemigos y a la conversión de la guerrilla en un movimiento político y a la aplicación de las medias previstas, empezando por las exigencias de las víctimas que en Colombia, como en todas partes, pasa por conocer la verdad, la justicia, y la defensa de su dignidad, la reparación del sufrimiento, y la confección del relato de lo que ha ocurrido a lo largo de estos cincuenta años de guerra y violencia.
Salvando todas las distancias -no son lo mismo el millar de muertos de ETA que los 220.000 y ocho millones de víctimas de una u otra forma derivadas de la guerra- en nuestro país sabemos algo de todo esto. Claro que es posible que la democracia colombiana hubiera acabado por derrotar a las FARC, como el Estado de Derecho acabó en España con ETA, pero el sufrimiento que habría que haber añadido a las cifras conocidas hubiera sido insoportable. Y más aún cuando la guerrilla no puede afirmar que haya doblado el brazo al Gobierno colombiano. No obstante siempre subsisten los partidarios de la derrota militar para la solución del conflicto, para que no se produzca lo que entienden como una traición a las víctimas.
Por su parte, los dirigentes de las FARC conocen muy bien la historia de los movimientos revolucionarios latinoamericanos y han comprobado que solo en El Salvador, Uruguay y Nicaragua –y en este caso con todo tipo de matices- los partidos políticos en los que se convirtieron han acabado llegando al poder ya como piezas normales del entramado político de su país. Con su participación en las instituciones democráticas podrán ver las dificultades para aplicar sus proyectos, para cerrar las brechas sociales existentes en Colombia que era el leit motiv de su existencia, y los colombianos podrán valorar su capacidad de gestión de los asuntos cotidianos y luego validarla o censurarla en las urnas.
Colombia ha iniciado el camino de la paz. No va a ser fácil, los escollos y tropiezos en el camino sobre todo en los puntos más conflictivos relacionados con el desarrollo rural y la erradicación de la pobreza y las condiciones judiciales para quienes han participado en la guerrilla van a ser continuos. Pero si hay voluntad por parte de todos, habrá paz.
