Todavía es frecuente escuchar como argumento de autoridad, por parte de los dirigentes del PP, que el PSOE es el único partido condenado en firme por financiación ilegal. Una verdad incuestionable con la que tratan de salvar la cara cuando se les señala la cantidad de casos de corrupción en los que está inmerso el partido que preside Mariano Rajoy, con cuatro grandes patas, la que estaba radicada en la propia sede de Génova, con los papeles de Luis Bárcenas, el conglomerado de la red Gürtel y los casos registrados en dos de las comunidades autónomas donde hasta hace un año se sucedían la mayorías absolutas del PP: Madrid –caso Púnica- y la Comunidad Valenciana, donde son numerosos los casos de supuesta corrupción bajo investigación con altos cargos y exdirigentes del partido implicados.
En apenas dos meses, tres nuevos casos que están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción y las unidades policiales especializadas de la Policía y la Guardia Civil apuntan directamente al PP, uno relacionado con cobros de comisiones por intermediaciones –con un diputado elegido en las listas del PP y un ex embajador por medio-; otro, el caso Acumed, en cuyas responsabilidades se apunta cada vez más alto, y la ‘Operación Taula’ que realiza investigaciones sobre instituciones valencianas en los años que fueron gobernadas por los populares, saldada con una veintena de detenciones y una treintena de registros y en la que se apunta la posibilidad de que tenga una última derivada de financiación ilegal del PP.
En efecto, la corrupción que se investiga en los aledaños del partido del gobierno fue una de las causas por las que al PP le fue mal en las pasadas elecciones generales, dada la tibieza con la que ha actuado hasta el último momento de la legislatura, en el que se aprobaron leyes preventivas de la corrupción relacionadas con los partidos políticos, y las maniobras y su estrategia de defensa para dilatar lo máximo posible que se llegara a la apertura del juicio oral, en otros muchos. Del mismo modo no deja de ser sorprendente que también como argumento de defensa haya dirigentes del PP que destaquen la independencia con que las policías actúan en la persecución de la corrupción. Faltaría más. Primero porque es su obligación, y más cuando actúan como policía judicial a la orden del juez, y luego porque cada vez resulta más difícil meter una investigación en un cajón y pretender que nadie se entere.
El portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando se ha apresurado a desvincular este caso de las conversaciones que su partido ha comenzado a mantener con Ciudadanos para lograr su apoyo -aunque sería insuficiente- para la formación de un gobierno estable. Sin embargo, no se puede negar que sea otra piedra más en el camino hacia ese objetivo, cuando Ciudadanos ha puesto énfasis en que su pretensión es avanzar en la regeneración democrática. Y desde luego a quien ha venido a proporcionar un desahogo esta operación policial es a Pedro Sánchez, para sacudirse la presión que desde medios económicos, mediáticos e incluso desde sus propias filas abogan por facilitar un gobierno de Mariano Rajoy por la vía de la abstención en la sesión de investidura.
