La política son matemáticas, por eso gobierna el que suma apoyos, y el que gana se queda con la horma de haber podido alcanzar el gobierno. Y es también manejo de los tiempos, acelerar o frenar iniciativas, visualizar el momento en el que se obtienen más ventajas políticas para lograr una mejor posición de cara a una convocatoria electoral -tan frecuentes-, y prever cómo el debate de determinadas normas incidirá en el ánimo de los ciudadanos para mitigar o acelerar sus efectos.
Esta forma de actuar de los equipos de estrategia de los partidos da a la política un plus de imprevisibilidad que puede tener como contrapartida la desafección de los ciudadanos que ven cómo los criterios y los principios tienen una flexibilidad chiclosa y, en el caso de los gobiernos de coalición, son origen de discrepancias entre los socios que convierten sus relaciones en un tira y afloja por la etapa en la que se negocian algunas leyes o se ponen en marcha los proyectos pactados. Por eso en otros países se tarda tanto en firmar los acuerdos de coalición, porque también se pacta el calendario de su cumplimiento, o al menos se aproximan las fechas para materializarlos a lo largo de una legislatura.
Por comenzar por alguna de las decisiones más recientes, ahí está la convocatoria de la manifestación por la libertad y contra la corrupción organizada por el Partido Popular para el fin de semana previo a que comience la campaña electoral para las elecciones europeas, en que las encuestas dan al PP como el vencedor absoluto, a caballo de los dos asuntos con los que va a percutir al PSOE, la ley de amnistía y la corrupción “de su gobierno, de su partido y de su entorno”. Y eso que Sánchez no ha puesto en marcha ninguna de las medidas para regenerar la vida política en cuanto a la justicia y la desinformación y los bulos que anunció tras su insólito periodo de reflexión. El máximo ejercicio de conveniencia, no obstante, es la decisión del PP de parar la tramitación de las leyes de concordia en la Comunidad Valenciana y Castilla y León elaboradas entre el PP y Vox -tras la aprobación de la de Aragón- hasta después de las elecciones europeas, después del varapalo de un organismo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para que no les afecten en esos comicios, confiando en que los ciudadanos tengan una memoria corta y no piensen en que se aprobarán con las urnas cerradas.
Del mismo modo, las comparecencias en la comisión de investigación del “caso Koldo” pensadas para influir en la campaña catalana -Salvador Illa, el propio Koldo García, José Luis Ábalos- están teniendo escasa repercusión en la opinión pública, mientras que la aprobación de la ley de amnistía, retrasada en el Senado, será efectiva después de los comicios catalanes, pero con su entrada en vigor -a expensas de las decisiones judiciales- ya descontada a la hora de la votación.
El oportunismo y el manejo de los tiempos tiene su máxima expresión en el bloqueo al que el PP tiene sometido al Consejo General del Poder Judicial -sorprendentes las declaraciones del líder popular sobre quién es el responsable de la situación- que lleva cinco años pendientes de ser renovado, y sin que la mediación europea solicitada por el PP haya tenido efecto. Una amplia victoria del PP en las europeas lo considerarían un aval para mantener el secuestro del órgano de gobierno de los jueces.
