La pelota está en el tejado de las instituciones catalanas. Las instituciones del Estado se han dotado ya del último instrumento jurídico-político que necesitaba para responder a cualquier desafío que provenga de Cataluña. La respuesta del Govern catalán al fallo del Tribunal Constitucional que declara la nulidad de la resolución soberanista aprobada por el Parlament catalán el pasado 9 de noviembre ha sido la esperada, hacer caso omiso, como ya habían advertido, y anunciar que seguirán adelante con el proceso de desconexión, al mismo tiempo que aumentan la presión sobre la CUP para que desbloquee la investidura de Artur Mas y un nuevo Gobierno pueda dar los primeros pasos hacia la independencia.
La sentencia del TC, con buen criterio, no hace advertencias ni amenazas sobre quienes incumplan su resolución porque no ha de prejuzgar que las autoridades catalanas vayan a actuar contra su decisión y se limita a resaltar los preceptos constitucionales y los estatutarios que se han vulnerado con la resolución independentista.
Dice el Govern catalán que el fallo del TC no afecta a los “efectos políticos” de la declaración de independencia. Por tanto es de esperar que a la acción legal le siga una reacción que haga ver que el desafío continúa. A no ser que con esa expresión haya querido abundar en su escrito ante el TC de que la resolución de independencia era solo “una declaración de intenciones” sin efectos jurídicos. Desde luego, no es esperable ni una retirada de Artur Mas, que hubiera sido lo lógico en unas circunstancias normales, ni ningún gesto de acatamiento de la decisión aprobada por unanimidad de los magistrados del Alto Tribunal. En todo caso, el Govern tiene que convertir la declaración política en hechos tangibles si no quiere acabar con un desprestigio mayor después de una aventura tan arriesgada, que puede tener efectos contraproducentes como los tuvo el plan Ibarretxe.
Pero ahora el Gobierno central tiene sus poderes reforzados para responder cualquier iniciativa que las autoridades catalanas quieran poner en marcha. Hasta que aquellas no den el primer paso no se podrá comprobar cuál de todas las medidas legales previstas utilizará para anular cualquier medida tendente a la desconexión. El Gobierno de Mariano Rajoy cuenta ahora con toda la legalidad y legitimidad frente al “principio democrático” argüido por los independentistas, ha subrayado el TC.
La vicepresidenta del Govern, Neus Munté, ha recurrido al victimismo, y a la falacia del ofrecimiento de diálogo por cuanto la declaración independentista se mantiene “en su integridad”, y la única referencia al diálogo que hace es solo para acordar la desconexión. Y por supuesto dos no hablan si ninguno de los dos quiere por muchos llamamientos a una solución política del conflicto catalán que se realicen y sea la única vía posible para resolver el expediente catalán. Ahora, las autoridades catalanas van a tener más difícil convencer a otros países e instituciones internacionales de la bondad de su secesión amable tras la decisión en contra del TC.
En cuanto a las prisas del TC para decir sobre el recurso del Gobierno por su trascendencia institucional ha sido adecuada para limitar cualquier tentación soberanista ante la situación de interinidad que provoca las elecciones del 20-D.
