Ha ocupado a lo largo de los últimos años de su vida política, a la que pondrá fin el próximo 21 de julio, uno de los cargos constitucionales simultáneamente más gratos e ingratos que se pueden desempeñar. Soledad Becerril, de 72 años, no optará a la reelección como Defensora del Pueblo cuando termine el mandato de cinco años para el que fue designada.
Se trata de un cargo para el que se requiere tres quintos de votos favorables del Congreso, lo que obliga al acuerdo entre el partido del Gobierno y la oposición, y por lo que el elegido para desempeñarlo llega al cargo con un plus de legitimidad para realizar su función con independencia. No siempre es fácil encontrar una persona de consenso. Es más, lo habitual es que la sucesión se encalle y el "adjunto" se haga cargo de la institución durante muchos meses o incluso años. En este caso le corresponde a Francisco Fernández Marugán, un socialista histórico cuyo nombramiento también entró en el pacto entre el PP y el PSOE.
Sobre la capacidad política y el talante de Soledad Becerril habla su periplo por la política nacional, desde ser la primera mujer ministra en la transición –Cultura-, pasando por la alcaldía de Sevilla y su escaño durante cinco legislaturas en el Congreso y otra en el Senado.
Siempre es grato ser la comisionada de las Cortes para defender los derechos y libertades de los ciudadanos, ser una de las últimas instancias a las que estos recurren para obtener respuestas de las Administraciones Públicas cuando los sienten vulnerados, defender a los indefensos y alzar la voz ante situaciones que se consideran injustas y degradantes. Lo ingrato es ver como ante los miles de peticiones que llegan esas Administraciones regidas por ministros, presidentes autonómicos y alcaldes del propio partido retrasan o hacen caso omiso a las quejas y recomendaciones planteadas.
A Soledad Becerril le ha tocado desempeñar el cargo durante la parte más dura de la crisis económica en la que se han acentuado desigualdades y se han vivido situaciones dramáticas frente a la que ha alzado la voz, como la proliferación de los desahucios y otras consecuencias derivadas de las medidas de austeridad, la aplicación del régimen sancionador de la "Ley mordaza", que pidió que se cambiara, o las agresiones por violencia de género o lgtbfobia, junto a la defensa de la víctimas de ETA.
Si cada Defensor del Pueblo toma una bandera, la de Soledad Becerril fue la de mejorar la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros, para los que pidió una mejora de sus infraestructuras, un incremento del personal que los atiende, un mayor respeto de sus derechos civiles y una mejora de sus condiciones de vida. También regañó al Ejecutivo por el incumplimiento de los acuerdos sobre la llegada de refugiados a nuestro país adquiridos con la Unión Europea, sin entender cuáles eran los problemas para el retraso.
Tanto Soledad Becerril como Fernández Marugán responden al prototipo de políticos que resume los valores de la Transición. Quizá su sucesor tenga un perfil distinto, aunque todavía PP y PSOE reunirían los 210 diputados necesarios para el nombramiento que no tendría ningún problema para ser refrendado en el Senado. Pero sería un acuerdo de una época pasada de bipartidismo que no respondería a la actual composición del Congreso.
