Con su habitual cinismo, Pedro Sánchez acaba de decir que en España “La ley se cumple”. Así es o así debería ser. Pero al mismo tiempo considera (según ponderan sus consocios de ERC desde sus 13 votos aportados para llevarlo a la Moncloa) que aplicarla en Cataluña es “judicializar” un conflicto creado, por cierto, por los camaradas de Aragonès en sus diversas variedades. O sea, que la Ley hay que cumplirla en Madrid, pero no en Barcelona. O eso parece. Pero lo mejor de este episodio, casi cómico, si no fuera porque se instala dentro de lo que se ha calificado en ciencia política como “el suicidio del Estado”. Fue Miguel Maura, ministro de Gobernación del Gobierno provisional de la Segunda República, quien trazó de modo inequívoco los límites intraspasables entonces entre el Estado y las regiones o comunidades con sus futuras tasadas competencias. El Estado no puede dejar de estar presente y ejercer las suyas y el Estado que lo hace “se suicida”. Pero en Cataluña parece que vamos a ello.
Lo más gracioso de este asunto son las propias valoraciones de las cesiones de Sánchez que está dispuesto a otorgar a la Generalitat. Y para ello hemos de atender a lo que dice su propio presidente. Sánchez no debe hacerse ilusiones de que las actuales negociaciones y cesiones (como la auspiciada por la organización territorial del partido de los socialistas en Cataluña, en cuando a reducir la lengua oficial del Estado en aquella parte del mismo a un contenido meramente “curricular” y no “vehicular”, aunque fuera en reducida cuota) sean otra cosa que una especie de lapsus intermedio hasta alcanzar sus verdaderos objetivos: el referéndum para la independencia y la “amnistía” aplicada a todas las causas penales y civiles derivadas del “Procès”, en cuanto que permita el retorno de los “exiliados” y la “desjudicialización del conflicto”.
Pero tomemos nota de lo que ha dicho Pere Aragonès al cerrar el curso político. ¡Menudo jarro de agua fría sobre la cabeza del doctor Sánchez! Ese diálogo no será otra cosa que “un mero punto de partida para que Cataluña pueda alcanzar objetivos más ambiciosos como el de la amnistía y la autodeterminación”. Esta sinceridad es muy de agradecer. Noten además que al mismo tiempo que se insiste en que su objetivo sigue siendo el mismo, la independencia, se subraya que se ha arrancado al Estado que aplicar la Ley vigente en Cataluña sea una interferencia en un conflicto político que debe resolverse al margen de la misma. Y en ese sentido, se ha logrado que el presidente Sánchez se disponga a modificar el Código Penal, que afecta al conjunto del Estado, en la medida de que, si los independentistas catalanes volvieran a las andadas, el asunto no tuviera las mismas consecuencias que en el intento anterior, entre otras cosas, porque aplicarles la ley vigente sería judicializar el conflicto. Aragonès ya nos anticipa el calendario de las reformas a la carta: “antes de fin de año deben producirse cambios legislativos, aunque sin mencionar explícitamente la reforma del delito de sedición”. Así se hará. Y por ello insiste en que el futuro del Estado no debe depender del conjunto de los ciudadanos, sino de los que tienen vecindad civil en Cataluña, que por lo visto son algo distinto de los demás (ya sean, como el mismo Rufián y otros destacados indepentistas, hijos de murcianos o andaluces).
El presidente de la Generalitat se ha recreado en sus logros frente a Sánchez con una frase memorable: “Si hace cuatro años alguien nos hubiera dicho que estaríamos sentados con un Gobierno que reconoce la existencia de un conflicto político, nadie lo hubiera creído posible. “Victòria en tots els fronts. Aquesta és la consigna” (victoria en todos los frentes. Esa es la consigna).
