No creo que nadie dude que ni Chaves ni Griñán se hubieran beneficiado personalmente de los 680 millones de euros (la cantidad real ni se sabe) del desvergonzado desfalco que supuso el caso de los EREs de Andalucía; pero eso no supone que ni uno ni otro puedan eludir su responsabilidad política y moral por su posición en la cúpula de una estructura sin control que permitió que se produjeran los hechos conocidos. Por ello resulta poco decoroso que, como es ya costumbre, para disculparlos, los habituales turiferarios del partido socialista en la etapa Sánchez, rebusquen en todos los casos parecidos de la derecha, donde sí que los sinvergüenzas llenaron la bolsa a espuertas, obviando las propias miserias del partido que ahora dirige Sánchez, como si su propia historia reciente fuera ejemplar e impoluta y sólo fuera corrupto el PP, de modo generalizado. Una de las imprecisiones que merece ser anotada es la afirmación que este partido es el único que se financió ilegalmente y que fue condenado por ello, porque el lodo llegó –claro que llegó- a su cumbre y a los propios despachos de su sede. Por eso conviene ver qué pasaba aquí y que pasó, hasta que se tipificó penalmente la financiación ilegal transformando en delito lo que antes fuera sólo una infracción administrativa. Recapitulemos.
El primero de julio de 2015, entró en vigor la Ley Orgánica 1/2015, que modificaba el Código Penal, incluyendo un nuevo delito: el de financiación ilegal de los partidos políticos. Los sucesivos escándalos en ese terreno obligaron a establecer esta figura delictiva para reprimir conductas que, hasta entonces era objeto de meras sanciones administrativas previstas en la Ley 8/2007 de Financiación de los Partidos Políticos. Este nuevo delito de financiación ilegal de los partidos políticos se encuentra recogido en el artículo 304.ter del Código Penal. Se dice que el PP es el primer partido condenado por financiación ilegal. ¿Y qué pasó antes? A los desmemoriados convendría recordarles ahora otros casos que olvidan. Veamos Caso Flick: Primera trama española de un caso de financiación irregular y evasión de impuestos en la RFA, por parte del multimillonario ultraderechista Friedrich Karl Flick. La Fundación de su nombre, próxima al SPD, destinó donaciones de millón de marcos para financiar al PSOE. ¿Y el caso Filesa? Financiación ilegal del PSOE a través de las empresas tapadera Filesa, Malesa y Time-Export, que entre 1988 y 1990 cobraron importantes cantidades de dinero en concepto de estudios de asesoramiento para destacados bancos y empresas de primera línea que nunca llegaron a realizarse. El caso llegó al Tribunal Supremo en 1997. Ocho personas fueron condenadas, entre otras, el senador socialista Josep María Sala y Carlos Navarro, ex diputado del PSOE. El 1 de diciembre de 2000, el Gobierno de Aznar los indultó y dejaron la cárcel. ¿Por qué Sánchez y otros que ahora hablan y acusan sólo a la derecha de corruptos se olvidan de su propia historia?
En cuanto a los EREs, aparte del detalle de que parte de los fondos robados se gastaron en putas y en cocaína, conviene recordar un hecho insólito: No sólo no se ha recuperado lo robado, sino que la entonces consejera andaluza de Hacienda, hoy ministra, María Jesús Montero, se justificó diciendo que había muchas trabas para recuperar el dinero defraudado y que las cantidades recuperadas eran pequeñas. ¡Pequeñas! Y hay un aspecto casi cómico: El pago de las minutas de los abogados de los ex altos cargos, a lo que obliga la ley. Los ex consejeros, como Gaspar Zarrías o Magdalena Álvarez, presentaron las minutas de sus abogados para que la Junta las abonase, cuestión a la espera de la sentencia del Supremo.
