Las diferentes encuestas, sondeos y consultas que encontramos acerca de cuáles son los problemas reales de la sociedad española suelen coincidir, sea cual sea su origen o procedencia, en tres puntos. Primero, que el principal problema que tenemos en España se llama paro. Segundo, que el grado de desafección de los ciudadanos en relación con los políticos es cada vez mayor y no parece de crecer. Y, tercero, los partidos políticos, por algo será, son las instituciones más corruptas y desprestigiadas. La tendencia se mantiene desde hace unos años, agudizándose, es lógico, durante la crisis integral que estamos sufriendo en tantos países del mundo, también, claro está, en España.
En otras palabras, la actividad política, tal y como se practica en este tiempo por estos lares, no merece más que reprobación por parte de una mayoría relevante de ciudadanos. Es verdad que no todos los políticos, ni mucho menos, son acreedores de tal calificación. Sin embargo, el sistema político que tenemos, que podía haber sido razonable al principio de la transición, hoy se ha tornado en una fábrica imparable de corrupción por la sencilla razón de que en muchos de quienes se dedican a esta noble actividad, o no disponen de una posición profesional sólida o han cedido a la tentación del mando por el mando, del dominio por el dominio, que no pocas veces adquiere tintes de adicción con las consecuencias que acompañan a estas enfermedades. Además, tampoco se puede olvidar que en buena medida la democracia en la vida de los partidos se ha sustituido por una calculada y hábil dominación por parte de determinadas tecoestructuras que en muchos casos poco o nada tiene que ver con las ideas que jalonan la forma y el modo de entender e interpretar asuntos de gran relevancia política y social.
En efecto, a día de hoy las direcciones de los partidos tienen el poder absoluto. Designan los candidatos al poder legislativo, si es el caso al presidente del gobierno, y tienen una influencia decisiva en la selección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y, por ello, a los magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. El poder que tienen es de tal calibre, cuantitativa y cualitativamente considerado, que se comprende muy bien que un sistema político que tiene en su base la idea de la limitación, de la racionalidad y de la centralidad del ser humano, termina por convertirse en un espacio de dominación general. Un mundo en el que los dirigentes se reparten, con arreglo tantas veces a criterios subjetivos, los principales cargos en los tres poderes del Estado.
Desgraciadamente, el sistema propicia estos comportamientos, en los que se mascan no pocos escenarios de corrupción como los que tenemos que sufrir en este tiempo. Si los dirigentes, en lugar de dedicar tanto tiempo a flotar en el proceloso mundo de la técnica de la dominación y del disimulo se dedicarán a conocer y resolver, en la medida de sus posibilidades, las preocupaciones reales del pueblo, otro gallo cantaría.
Mientras no se da un paso al frente con valentía y determinación, tendremos que seguir contemplando espectáculos tan bochornosos como los de este tiempo en que nos ha tocado vivir. Espectáculos que debieran propiciar cambios en profundidad pues, en caso contrario, quienes están al acecho harán su agosto. Seguro.
