Tal como se ha informado, la Diputación proyecta crear un "código ético e de boa conducta para os cargos electos e o persoal ó servicio da institución".
En palabras del portavoz popular, Plácido Alvarez, consistirá en detallar al máximo y con la mayor "transparencia" los bienes y patrimonio de los diputados y de los técnicos de este organismo provincial. Y precisa que surge para hacer frente a los “continuos casos de corrupción política y administrativa que se están produciendo” que dañan la imagen de los políticos.
En el borrador de la propuesta se recoge el compromiso ético en el ejercicio de servicio público, la "tolerancia cero con conductas impropias, la regulación de los regalos institucionales o la gestión responsable de los fondos públicos". Y se reconoce, para propiciar este Código, que existe una “erosión da confianza da cidadanía” en la actividad política. Lo que además se viene constatando mes a mes en las encuestas del CIS.
El Gobierno de España, como también ya hemos comentado, ya ha aprobado la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno -que se aplica a todas las administraciones, incluyendo las locales- y que tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, reconocer y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. Y al mismo tiempo, subraya que los afectados por la misma, “desempeñarán su actividad con plena dedicación y se abstendrán de toda actividad privada que pueda suponer un conflicto de intereses con su puesto público” y “desempeñarán sus funciones con transparencia”, además de que “no se valdrán de su posición en la administración para obtener ventajas personales o materiales”. Y sobre los regalos institucionales o de cortesía, ya hablamos recientemente.
Así pues, ahora es preciso regular por ley la actuación de nuestros políticos, lo que parece una incongruencia, porque los principios de ética de cualquier persona se sustentan en una actividad manifiestamente moral y respetuosa con las leyes. De hecho, cuando un cargo público asume sus funciones, dentro del rito de la toma de posesión se le pregunta: “¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo… Con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado?”.
La cuestión es donde radica la conciencia de cada uno. Pues la ética también es cuestión de conciencia.
