Las instituciones públicas, los procedimientos públicos, las estructuras públicas, son de los ciudadanos. Nosotros somos, en efecto, los dueños y señores de los poderes del Estado. Por eso, es lógico, que tengamos derecho a conocer los resultados de la evaluación del desempeño de los funcionarios y la eficacia y la eficiencia de las unidades y dependencias públicas.
Sin ir más lejos, es lo que señala la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes de los ciudadanos en relación con la Administración pública de octubre de 2023. En efecto, los ciudadanos son los dueños y señores del poder público y por ende quienes lo ejercen en su nombre deben dar cuentas a la ciudadanía permanentemente de cómo lo administran. Por eso, en el punto 10, de acuerdo con el principio de evaluación permanente de la Administración Pública, la Carta Iberoamericana dice que “ésta, -la Administración pública- tenderá a adecuar su estructura, funcionamiento y actividad, interna y externa, a la identificación de oportunidades para su mejora continua, midiendo de forma objetiva el desempeño de sus estructuras administrativas.”
Claro, si la medición no es objetiva, no sirve para nada. Para nada.
