El zumbido provocado por las supuestas cobranzas ocultas por parte de dirigentes del PP -que se sepa- está enrareciendo el ambiente en un momento en el que el horno no está para bollos. Resulta obsceno para seis millones de personas que perdieron su trabajo y no encuentran otro; para tantísimas familias al filo de la miseria; para los que sudan la gota gorda a la hora de pagar la hipoteca y cumplir con las obligaciones contraidas, a los que llegar a fin de mes exige una heroicidad que, encima, deben repetir cada treinta días.
La obscenidad alcanza también a quienes sin verse en situación tan precaria para sobrevivir, comprueban que con un salario bajo o medio tributan en torno al 20% sin posibilidad de escabullirse, mientras un tal Bárcenas dicen que blanqueó once millones de euros tributando un diez por ciento. Tiene bemoles.
Produce cierto vértigo la reacción que la proliferación de escándalos debidos a las andanzas de tanto golfo en el entorno de los partidos, pueda producir entre la ciudadanía indignada.
Llegados aquí se hace necesaria una auditoría independiente de todas las formaciones políticas con responsabilidades de gobierno, que incluya las agrupaciones locales. Como las auditoras tampoco son de fiar, porque da la impresión de que son sensibles a lo de quien paga, manda (bancos y cajas hoy en quiebra se supone que estaban auditados; una auditora falseó la contabilidad griega durante años), habría que arbitrar un sistema fiable para conocer el grado de mierda acumulada, echarla fuera y empezar de cero con el firme propósito de ser honestos y merecedores de la confianza ciudadana. Valdría cualquier otra fórmula que conduzca a idénticos resultados. No hacerlo es ir instalando bombas de relojería con un sistema de explosión incontrolable.
