El presidente de Pescanova, ahora apartado de la gestión de uno de los principales emporios empresariales del mundo en el sector pesquero, sostiene que para salvar los diez mil puestos de trabajo que prestan sus servicios en él no es necesario abordar ningún tipo de reestructuración como anuncian los actuales administradores.
Tal afirmación podría ser tomada como solvente teniendo en cuenta que a Sousa Faro casi le nacieron los dientes en el negocio, si no fuera que bajo su liderazgo y gestión, la empresa llegó a la quiebra. Por el medio, una sospechosa venta masiva de acciones de su propiedad antes de que el valor de las mismas cayese en picado al conocerse las dificultades financieras, que justifica en la búsqueda de liquidez para hacer frente a las deudas.
El papel del presidente del consejo de administración fue poco claro en los últimos tiempos, al menos, con evidencias de trampas contables y cuentas maquilladas para disfrazar la realidad. Ojalá sea tiempo todavía de hallar soluciones, porque la salvación de Pescanova supone mucho para quienes trabajan y viven de ella, pues su influencia va mucho más allá, toda vez que representa un símbolo del mundo empresarial gallego, tan tocado, por otra parte, por otras caídas sonadas.
Salir del embrollo sin que sufra la masa laboral va a ser muy complejo, aunque la esperanza es lo último que se pierde. En cuanto a las responsabilidades, habrá que estar a lo que digan los jueces, pero sería bueno que se haga justicia, sea ésta la que sea. Ya está bien que quienes disponen de dinero para una buena defensa se salgan de rositas en sumarios que significan muchos millones de euros perdidos, aunque sólo sea a base de entorpecer la acción judicial.
El día que de verdad la justicia sea igual para todos suceda habremos dado un paso de gigante hacia una sociedad más justa. El problema es que tiene visos de tardar, como demuestra la indemnización que Justicia habrá de pagar al concello de Lugo por el daño causado debido a la tardanza en una resolución.
