La petición de indulto para el vigués David Reboredo, más allá de la solidaridad de quienes apoyan su causa, pone negro sobre blanco el fracaso del sistema judicial, pues cuando la justicia llega tarde puede convertirse en injusticia, que es lo contrario de lo que se espera de ella. Es más, viendo este caso concreto, podríamos decir que prescinde de ella, en tanto que el principal objetivo es tratar de restañar el daño causado y buscar la rehabilitación de los delincuentes para su inserción en la sociedad. La reparación del daño es, casi siempre, imposible más allá de la compensación económica a las víctimas, si el condenado dispusiese de medios, cosa infrecuente; la reinserción la consiguió por sus propios medios y con ayuda del entorno o de instituciones dedicadas a ayudar a salir del tenebroso mundo de las drogas.
Pero aún puede hacérsele otro reproche a esta justicia que anda a destiempo, pues en su inflexible proceder, corre el riesgo de destruir lo que con gran esfuerzo ya se había arreglado sin concurso de la ley. Parece como si las estructuras oficiales fuese inasequibles al sentido común.
Menos comprensible resulta la decisión del Gobierno negando el indulto a David teniendo en cuenta las circunstancias que rodean su caso, aunque no case literalmente con la letra de los supuestos utilizados para aplicar clemencia.
A los ciudadanos les resulta difícil de digerir que al extoxicómano vigués se le deniegue el indulto, mientras se otorga dos veces a agentes de la policía autonómica catalana, condenados por brutal agresión a un presunto delincuente que, luego, ni siquiera lo era. Ese perdón, arguméntese de la forma que se quiera, es una afrenta y resulta vomitivo en una sociedad civilizada, moderna y, sobre todo, democrática.
