Opinión

La riqueza como aval

Parece que el presidente y accionista mayoritario de Pescanova vendió la mitad de sus acciones en tres meses, sin comunicárlo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, como es preceptivo para este tipo de operaciones. Justifica que con esa decisión perdió dinero. Puede ser, pero el caso es que siempre habrá sido muchísimo menos que lo que se le esfumó a quienes a esta hora poseen títulos de la entidad, entre los que hay multitud de pequeños inversores, que comprueban estupefactos cómo son dueños de valores cuyo montante está hoy muchísimo por debajo que hace sólo un mes. De hecho, Manuel Fernández Sousa vendió antes de que el consejo de administración hiciese públicas las dificultades financieras. Para que se hagan una idea, el 4 de marzo, la compañía se devaluó un 60% en la Bolsa y ayer mismo la acción se cotizaba a 5,91 euros, pero en épocas mejores llegó a rozar los 22 euros. Haga usted mismo la cuenta de lo que ha perdido un accionista que comprase al último precio mencionado y pretenda vender estos días y verá cómo se deja casi el 75% de lo invertido, que será más si se aplica la inflación desde ese momento hasta ahora.

La situción es un drama para esta gente y para los miles de trabajadores que, directa o indirectamente, viven del grupo Pescanova, pero también una preocupación para Galicia, pues supone ver cómo se hace añicos -ojalá pueda evitarse- una de las compañías señeras del panorama económico gallego. Queda por ver cómo se desarrollan los acontecimientos a partir del concurso de acreedores, pero algo huele mal cuando el presidente despacha un paquete importantísimo de acciones (en torno al 7%), la mitad del total que poseía, en secreto y con la sociedad ya en quiebra técnica.

Esperemos que las autoridades sean capaces de aclarar qué es lo que ocurrió y cómo fue la historia de la altísima deuda y, en consecuencia, se depuren responsabilidades. No hacerlo sería admitir lo que en un principio hay que considerar inadmisible: la existencia de dos varas de medir, según la solvencia económica de quien comete una fechoría.

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