El antiguo presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, ha reaparecido en público ofreciendo a los chicos de la prensa un paseo por la localidad donde se encuentra su casa de verano. Se ha hecho acompañar en este circuito por su esposa, Marta Ferrusola, que también ha hecho el paseíllo a su lado, y junto a él se ha enfrentado a este desagradable trance que consiste en ofrecerse en imagen a los medios de comunicación sin decir más palabras que las justas. En esencia, que ya ha recibido la pertinente comunicación de la Agencia Tributaria y que también ha recibido una comunicación judicial relativa a esa herencia paterna que guarda en paraísos fiscales y por la que lleva treinta años sin tributar aunque una hermana del político catalán ha manifestado públicamente que ella no tiene ni la menor idea.
Lo realmente enjundioso de esta presencia testimonial por las calles irregularmente empedradas de una villa de los Pirineos donde el viejo león tiene al parecer dispuesto el reposo del guerrero, es la celeridad con la que tanto el ministerio de Hacienda como la autoridad judicial han dispuesto el envío de sus citaciones ahora que Pujol se ha decidido a confesar algunos de su pecados ante la posibilidad de que el escándalo estallara por si mismo y sin control en toda su intensidad, adquiriendo proporciones que el veterano político no deseaba por ningún concepto teniendo en cuenta el papel que se supone ha jugado en este lamentable episodio toda su familia. Contrasta el celo mostrado por ambas instituciones con la desidia, el silencio y el despego que han mostrado durante estos treinta años en que el clan Pujol ha tenido que hacer, a juzgar por los hechos que se instruyen, lo que les ha venido en gana sin dar cuentas ni a nada ni a nadie y contando, por supuesto, con la inestimable colaboración de cada uno de los estamentos a los que cualquier ciudadano normal tiene que rendir cuentas a cada paso en su existencia doméstica. Lo más infame de esta historia sin final por el momento es que Pujol se ha pasado treinta años mostrando su rechazo a los corruptos y despreciando a aquellas unidades de investigación policial que han tenido la desfachatez de asomarse a sus culpables finanzas. Como este país es así, ahora hay quien aboga por quitar su nombre de las calles, derribar sus estatuas y retirar las medallas que le han concedido.
